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Hacienda adelantará pagos a proveedores a ayuntamientos y CCAA para cumplir plazos

Moncloa

Montoro y Santamaría explican las medidas contra la morosidad

La morosidad provoca más impagos, cierre de negocios y despidos

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público a partir de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores y que permitirá al Ministerio de Hacienda, en último término, asumir esos pagos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo de la financiación correspondiente.

Este real decreto, que ayuda a calcular el periodo medio de plazo de pagos a proveedores en la Administraciones Públicas, da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pago para la deuda comercial, así como la obligación de todas las administraciones de hacerlo público. La periodicidad del cálculo y la publicación del periodo medio de pago será mensual. El periodo medio de pago de la Administración General del Estado en el primer trimestre del año fue de 26,8 días, frente a los 41,7 días del primer trimestre de 2012.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el Gobierno prevé reestructurar los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que planteará el jueves a la autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y que lo aprobará el próximo viernes, junto con la reforma fiscal, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano.

En la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos celebran que este nuevo Real Decreto del Gobierno pondrá en evidencia aquellas comunidades autónomas, municipios o comunidades que no cumplen con lo establecido en la Ley de Morosidad. Pese a la denuncia permanente de ATA, los distintos planes de Pago a Proveedores que han supuesto destinar 42.000 millones de euros a abonar antiguas facturas y otras medidas puestas en marcha por el Gobierno, aún hoy las administraciones pagan a 139 días de media, en vez de a 30 días como establece la Ley de Morosidad.

«Era necesario este real decreto para forzar más a las administraciones a que paguen a sus proveedores en tiempo y forma y, sino lo hacen, que sea conocido por todos, que se les retengan recursos cuando no cumplen con sus obligaciones», alega Lorenzo Amor, presidente de ATA, que añade que «es también una buena noticia que el Estado finalmente se haga cargo de las facturas impagadas cuando alguna administración no hace frente a sus responsabilidades con sus proveedores». No obstante, advierte Amor, todo ello quedará supeditado a la puesta en marcha de la llamada factura electrónica y a la creación del registro de facturas en la administración pública previsto para el 2015.

Amor afirma que la morosidad en general es una de las grandes lacras de la economía de España porque provoca un funesto círculo vicioso al impedir que el proveedor tampoco pueda atender con sus obligaciones. Provoca más impagos, cierre de negocios y despidos.

«Para los autónomos, cobrar una factura de la administración dejará de ser eterno y, a su vez, conoceremos el ranking de las administraciones más morosas. No parece muy lógico que conociéramos el ranking de los ciudadanos más morosos con el erario y no el de las administraciones públicas con los ciudadanos. Con la morosidad pública hay que tener tolerancia cero porque mancha la imagen y la seriedad de nuestro país. A día de hoy hay administraciones que cumplen la ley y otras que sistemáticamente la vienen incumpliendo. La ley es igual para todos: para los ciudadanos, para las administraciones y para sus gestores. Algunos quedarán en entredicho cuando obliguen a sus ciudadanos a cumplir la ley y se vea que ellos no la cumplen«, explica Amor.

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