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Fomento pide las reclamaciones por el colapso de la A-6

Íñigo de la Serna

El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en una imagen de Moncloa (JM Cuadrado)

El Ministerio, además, está valorando los gastos ocasionados a la Administración del Estado por la atención de emergencias

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha ordenado a Iberpistas que ponga inmediatamente en su conocimiento cualquier reclamación de usuarios relacionada con los sucesos de los pasados días 6 y 7 de enero en la A-6, donde miles de conductores quedaron atrapados hasta 17 horas a causa de la intensa nevada.

Esta medida se une al expediente informativo abierto el pasado 7 de enero a la concesionaria de la autopista de peaje (Grupo Abertis) para determinar si existen motivos para abrir un expediente de penalizaciones en virtud de lo establecido en la Ley de Autopistas.

Asimismo, Fomento ha iniciado una valoración de los gastos en los que ha podido incurrir la Administración General del Estado derivados de las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la situación ocasionada por el colapso de vehículos en la AP-6 que tuvo lugar entre el 6 y el 7 de enero.

Para evaluarlo, el departamento se pondrá en contacto con el resto de departamentos implicados (Ministerio de Interior y Defensa, principalmente) para que determinen la cuantía de los gastos asumidos, que se añadirán a los generados por los medios dispuestos del propio Ministerio. Hay que recordar que se desplegaron más de 200 agentes de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para sacar del atolladero a los miles de conductores afectados.

Desde la concesionaria, Abertis Autopistas, su directora general, Anna Bonet, afirmó ayer que su filial Iberpistas aplicó “el protocolo de máximo nivel de actuación” en caso de nevada y que, cuando se comprobó que era insuficiente, solicitó el corte de la vía. Bonet explicó que, “cuando se vio que la situación era de emergencia”, la concesionaria pidió a la subdelegación del Gobierno en Castilla y León que aplicará “los protocolos de emergencia”. La directora admitió que a la empresa le corresponde solicitar el cierre y la apertura de la autopista, pero precisó que “la ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Tráfico”.

Mientras, el Comité Estatal de Coordinación sobre Vialidad Invernal propuso ayer que organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil o la Dirección General de Carreteras puedan activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en casos de bloqueos de carreteras por temporal. El Comité, que lamentó los inconvenientes sufridos el pasado fin de semana por los conductores, especialmente en la AP-6, hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo en la red nacional por el temporal.

Sobre este “caos” también se ha interesado e Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que ha pedido a los Ministerios del Interior y de Fomento información sobre el colapso. Fernández Marugán quiere saber cómo se planificó la operación retorno de Navidades y, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por ambos ministerios para su preparación y supervisión.

Además, la Institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico sobre las limitaciones en el uso de las vías A6 y AP6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.

Marugan ha recordado que en el caso de la AP6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía.

La Institución lamenta que en los últimos meses “con excesiva frecuencia” se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla.

Y quien ha empezado a movilizarse para exigir “daños y perjuicios” por el corte de las carreteras españolas por las nevadas es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha puesto en marcha una acción judicial colectiva para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada en las carreteras españolas puedan recibir una indemnización.

OCU defiende que los graves perjuicios que tuvieron que sufrir los usuarios durante la tarde y noche del día 6 de enero en la AP-6 y en otras carreteras españolas tienen responsables directos. En el caso de la AP-6, donde miles de usuarios permanecieron atrapados durante toda la noche, OCU considera que la responsabilidad es compartida. En primer lugar, de la concesionaria Abertis y, en segundo lugar, como subsidiaria, el Ministerio de Fomento.

Para la organización defensora de los consumidores, Abertis debe responder e indemnizar a los afectados por las consecuencias de su falta de previsión y la ausencia de medidas, que debió poner en marcha para evitar el desastre, ya que las previsiones meteorológicas eran claras para ese día. En el caso de los conductores afectados en otras carreteras nacionales o sin peaje, siempre que se pueda demostrar, la reclamación irá dirigida directamente al Ministerio de Fomento, principal responsable del mantenimiento de las carreteras nacionales.

En este caso, los usuarios afectados podrán reclamar, además de los daños materiales demostrables, los daños morales, que en la mayoría de los casos fueron los más graves para la mayor parte de los conductores atrapados, y cuya indemnización podría alcanzar hasta los 1.000 euros por persona.

OCU considera importante reclamar, no sólo para que los damnificados consigan una indemnización por los daños sufridos, sino para conseguir que esta situación, que ya se ha producido en otras ocasiones, tenga consecuencias para los responsables y no se vuelva a producir.

La organización recuerda que la situación de caos vivida este fin de semana en la AP6 y en otras carreteras españolas ya se ha producido en anteriores ocasiones de manera similar, como el pasado año 2004 en la AP1, donde más de 6.000 personas quedaron atrapadas en el tramo entre Miranda y Pancorbo. Entonces, el Tribunal Supremo obligó a la concesionaria Europistas a indemnizar a los conductores que quedaron atrapados en esta autovía por considerarla responsable de lo ocurrido.

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