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Piden obligar a las AAPP a pagar las facturas pendientes por ley

Factura impagada

El volumen de facturas impagadas y el nivel de morosidad es una auténtica vergüenza

Las Administraciones Públicas deben 8.621 millones de euros a las pymes y autónomos en España

Según datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo tenían, a 31 de diciembre de 2019, facturas pendientes de pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros.

Por otro lado, las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda revelan que las Administraciones Publicas dejaron pendientes de pagar (excediendo los plazos legales) facturas por importe de 8.621 millones de euros.

El total pendiente asciende a más de 130.000 millones de euros, cantidad que supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

En el contexto actual, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera absolutamente deleznable que quien está siendo rescatado desde los Bancos Centrales y cuenta, por el momento, con la mitad de los avales dispuestos en las líneas ICO COVID-19 (10.000 millones de euros) no cumpla los mínimos plazos de pago con las pequeñas y medianas empresas.

Ante tamaña vergüenza, la Plataforma ha remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de autoridades competentes solicitando que ‘con máxima urgencia y mediante un Real Decreto Ley se ordene a las Administraciones Publicas liquidar todas las facturas pendientes de pago y obligue a las grandes empresas o, en su defecto, a las empresas cotizadas en el mercado continuo a cumplir la vigente Ley de Lucha Contra la Morosidad (30 días).

A todo esto, la Plataforma Pymes señala que mientras las facturas se siguen guardando en los cajones dejando a miles de pequeñas y medianas empresas con la lengua fuera, en España, con recursos públicos y de forma encubierta, se han realizado, desde el inicio de la crisis del Covid-19 ‘rescates públicos sin condicionalidad alguna y con la aquiescencia de todas las fuerzas parlamentarias’.

Pone como ejemplo de su denuncia el ‘rescate a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) mediante el Real Decreto Ley 9/2020 que le exime de las causas de disolución y de tener que ir a una ampliación de capital de unos 15.000 millones de euros’.

También, ‘el establecimiento de un corralito por parte de la CNMV para que las gestoras de los fondos de inversión no tengan que reembolsar las participaciones cuando se las pidan sus partícipes’. Igualmente, ‘la prolongación en 2 años más del plazo que tenían las Cajas de Ahorro para salir a Bolsa y privatizar su capital’. Estas entidades financieras tenían que salir a los mercados antes de acabar el año pero si lo hiciesen ahora ‘hubieran tenido una baja cotización’.

Citan también el ‘rescate de empresas cotizadas de todas las bolsas europeas impidiendo las posiciones a corto [1], que, de facto, es un cierre de las Bolsas para que no caigan sus cotizaciones y el BCE pueda seguir comprando en el mercado secundario sus bonos corporativos’. Y por último, ‘la ampliación en 1 trillón de euros del programa de compras del BCE para que pueda comprar bonos corporativos en el mercado secundario de empresas cotizadas y de deuda pública [2]‘.

Esta plataforma, que representa a más de 2.500.000 de pymes y autónomos en España, no se opone a nada de lo citado anteriormente pero sí a que al mismo tiempo no se articulen mecanismos para que puedan cobrar las facturas pendientes de las AAPP y grandes empresas.