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Estupor ante la expulsión de la Guardia Civil de Navarra

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar esta mañana en el Congreso (Foto: PSOE)

Con el traspaso de las competencias de Tráfico a la Comunidad Foral

Si la expulsión de los guardias civiles de tráfico de Navarra continúa adelante la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) convocará movilizaciones.

Es el anuncio que ha hecho la asociación decana de la Guardia Civil tras conocerse el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez (PSOE) y Antoni Ortuzar (PNV) por el que los nacionalistas votarán a favor de la investidura del socialista.

El acuerdo prevé impulsar las «modificaciones legales necesarias» para el reconocimiento de las identidades territoriales y encontrar una solución al contencioso de Cataluña y la adecuación del nuevo Estatuto vasco. Pero el que preocupa a los agentes de la Benemérita es el punto tercero que contempla “el traspaso en el plazo de seis meses de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la Comunidad Autónoma Vasca”. Puede leer aquí el acuerdo PSOE-PNV [1].

Ya ocurrió en Cataluña y en el País Vasco pero los guardias civiles no están dispuestos a que vuelva a ocurrir en Navarra, pues si el plan fructificase supondría «el exilio de los más de 175 guardias civiles que desarrollan su labor como especialistas en Tráfico y que, como ya ocurrió en el País Vasco y en Cataluña en 1998, podrían ser expulsados de las localidades donde prestan su servicio, viéndose ellos y sus familias abocados a un traslado forzoso».

Ante esta situación los agentes adscritos a la AUGC se preguntan si no tienen nada que decir el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director del Cuerpo, Félix Azón, que no se han manifestado sobre este asunto de su más directa competencia. Lo que sí se conoce es que si el plan «para expulsar a la Guardia Civil de Navarra continúa adelante, AUGC marcará un duro calendario de movilizaciones» durante el que pedirán el apoyo de la sociedad.

Otra asociación, Justicia Guardia Civil (JUCIL), se refiere al acuerdo firmado este lunes entre Sánchez y Ortuzar como «una nueva infamia del PSOE contra la Guardia Civil», que «afecta gravemente a la Seguridad del Estado». Esta asociación habla de la falta de «escrúpulos» del presidente del Gobierno en funciones con tal de seguir en La Moncloa.

«La bajada de pantalones de Sánchez ante la voracidad de las formaciones políticas independentistas no tiene límite», dicen los representantes de estos agentes, que añaden que «lejos de aprender de la manifiesta deslealtad hacia las instituciones del conjunto de la Nación, total desprecio a la Constitución, a la libertad y a la Ley en Cataluña, donde la policía autonómica está politizada, ahora le toca a la Guardia Civil en Navarra, donde unos 200 agentes viven con sus familias».

Con la retirada aceptada por Sánchez -«político irresponsable y henchido de vanidad»- se debilita otra vez la presencia del Estado en una parte de España. En este contexto, JUCIL recomienda a Sánchez que «imite» el ejemplo de los servidores públicos de uniforme en cuanto a valores, principios y sacrificio por la libertad y bienestar del pueblo español.

Por su parte, el Gobierno navarro de la socialista María Chivite, valora la transferencia de tráfico, que está en sintonía con el acuerdo de legislatura suscrito en la Comunidad Foral por el Partido Socialista de Navarra, Podemos, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra que contó con la abstención de EH Bildu para salir adelante [2].

El portavoz del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, ha señalado que «estamos ante una reivindicación histórica de Navarra y de los distintos gobiernos que ha tenido la Comunidad Foral en la etapa democrática».

Un punto de vista que no es compartido por el Partido Popular navarro (PPN), que exige a Sánchez que no traicione a Navarra en sus acuerdos con el PNV para seguir en La Moncloa. La formación popular considera vergonzoso que PSOE y PNV incluyan en su acuerdo la negociación de competencias que son propias de la Comunidad Foral.

Para el PPN resulta inadmisible que el PNV se permita el lujo de imponer a Pedro Sánchez un plazo de seis meses para hacer efectiva una cesión que en la práctica implica la expulsión de la Guardia Civil de la Comunidad Foral. No les debería sorprender a los populares, que señalan que el presidente del Gobierno en funciones «vuelve a traicionar a Navarra, después de que permitiera a María Chivite conformar un gobierno en minoría con los nacionalistas».

Para el PPN, el PNV no busca favorecer la foralidad de Navarra, ni el reforzamiento de sus instituciones, sino «forzar la materialización de sus aspiraciones nacionalistas», conocidas desde hace años [3]. Los populares admiten que el verdadero objetivo de los nacionalistas vascos es «expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Navarra», algo que no comparte la sociedad navarra.