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Estos son los planes de Catalá para reformar la Justicia

Rafael Catalá

Catalá en una imagen reciente

El Ministerio de Justicia está en el punto de mira de la Oposición

Rafael Catalá ha abogado este sábado por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal “que contemple la dirección de la investigación por parte del Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que tutele los derechos fundamentales”.

En Denia, donde ha reconocido la necesidad de una Justicia más rápida, el ministro de Justicia ha destacado la conveniencia de replantear el actual sistema procesal.

Durante la clausura de la Jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido, organizada por la Fundación Lex Forum, Catalá ha dicho que sólo así se acabaría con los juicios que duran años y que tanto daño hacen a la imagen de la Justicia.

Catalá cree que hay que dejar atrás “el sistema inquisitivo” e implantar “el modelo acusatorio que da todo el protagonismo al juicio oral”. Así, ha dicho, se mejorarían las garantías de la defensa con la participación de las partes en la instrucción y se simplificarían los procedimientos y recursos.

Eso implicaría acelerar la extensión de la red de oficinas fiscales para conseguir mayor proximidad a la investigación y evitaría que los funcionarios de las nuevas fiscalías se tengan que trasladar de un lugar a otro por toda España.

Rafael Catalá, para quien el PSOE ha pedido su reprobación en el Congreso de los Diputados, ha recordado que estos cambios supondrían una reforma paralela del Estatuto Fiscal que conciliaría el principio de autonomía con el de unidad de actuación, remarcando la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley.

Además, obligaría a los fiscales jefe -el Fiscal General del Estado ha tenido que ratificar en su cargo al Fiscal Anticorrupción esta semana- a publicar sus órdenes en un diario oficial, prohibiendo las órdenes verbales. “Esto facilitaría la discrepancia jurídica de forma transparente al tener que resolverlo un órgano colegiado”, ha detallado el ministro.

Respecto a la necesidad de ampliar plantillas en los juzgados españoles, Catalá ha recordado que el Gobierno ya ha creado 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal y ha aprobado 1.140 medidas de refuerzo judicial. El dinero, al igual que en los dos años anteriores, no será problema en 2017. El titular de Justicia ha confirmado que este año el presupuesto del Ministerio de Justicia asciende un 7,7%, hasta los 1.700 millones de euros.

Igualmente, Catalá ha insistido en el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles en el Congreso. Allí, el jefe del Ejecutivo “presumió” de que hoy España es “mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción” y destacó que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluyen nuevas medidas para “fortalecer la Fiscalía y combatir la corrupción”. Así, se convocarán más de 100 plazas de jueces y fiscales, se reforzará la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción se se implantará en todo el territorio la Oficina Fiscal, cuya implantación, ha asegurado Catalá, ha supuesto un incremento del 31% en el número de sentencias resueltas.

Claro que todo esto se quedará corto si no hay un cambio cultural a la hora de abordar y resolver los conflictos. El ministro de Justicia ha dicho que “está demostrado que no siempre la mejor respuesta está en los tribunales”. En este sentido, Catalá ha destacado la mediación, el arbitraje o la jurisdicción voluntaria para resolver diferencias mediante diálogo y acuerdo. Sólo la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha permitido -según Catalá- dejar al margen de los tribunales más de 320.000 asuntos.

Este cambio de “mentalidad” por el que apuesta el ministro de Justicia va a tener poco “punch” entre los andaluces, que continúan siendo de los que más litigan de España en los tribunales. Andalucía se situó en 2016, un año más, a la cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional, con un porcentaje superior en un 21% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.813.125 en los órganos judiciales españoles.

Si la tasa en el conjunto del Estado fue el año pasado de 124,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es de 145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo de las más altas de España, superada por Canarias (158,7) y seguida de Baleares (135,2), Murcia (128,9) y la Comunidad Valenciana (127,9).

Los juzgados y tribunales andaluces ingresaron un total de 1.245.470 asuntos, siendo la jurisdicción penal la que más número de asuntos recibió, un 64%, bastante más de la mitad de los asuntos registrados.

Las cifras están en la memoria que el pasado 26 de abril presentó el presidente del TSJ A, Lorenzo del Río, quien advirtió de que hay que frenar la elevada litigiosidad y de que los actuales recursos no son suficientes para un porcentaje de ingresos tan elevado.

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