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¿Está garantizada la educación básica tras la sentencia del TS?

José Ignacio Wert

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte

¿Hay en la actualidad suficientes colegios públicos para que el Estado garantice la enseñanza básica y obligatoria a todos los niños en edad escolar consagrado en el artículo 27 de la CE?

La polémica por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que deniega el concierto educativo a los colegios que separan a los alumnos por sexo continúa siendo uno de los principales temas de la vida política española y podría convertirse en un problema muy serio para el Estado.

Según el tribunal ”las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos, privados y concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de padres y tutores sin que en ningún caso haya discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo…», por lo que aquellos colegios en los haya clases sólo para chicos o sólo para chicas no podrán obtener las subvenciones estatales concertadas.

Como publicó elpueblodigital.es, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, mostró en un comunicado su “respeto” por la decisión del TS de rechazar el concierto porque “el Gobierno, como no puede ser de otra forma, respeta y acata las sentencias del Tribunal”, pero también recordó que “hay que plantearse hasta que punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento compatible con la Convención de la Unesco que firmó España contra la discriminación en la enseñanza, en la que se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación”.

“Esta es la cuestión principal», sostiene Wert, «porque si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco diferenciación en la aportación de fondos públicos. Esta es una cuestión que hay que analizar y que hay que debatir”.

Durante toda la semana, desde el PSOE han salido al paso de estas declaraciones para acusar al ministro de Cultura de regresivo y de querer volver al pasado. El jueves fue la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, quien alertó sobre «la involución de derechos que está protagonizando el Gobierno del PP desde que llegó al poder».

Jiménez criticó que Wert justifique que haya colegios subvencionados que segreguen por sexos esgrimiendo una norma firmada por España en los años 60 (la Convención de la Unesco), y se preguntó “por qué hay esta regresión al pasado” que atenta contra el principio de igualdad.

A las críticas de Trinidad Jiménez se le sumaron las de la secretaria de Educación de la Ejecutiva Federal del PSOE, Mar Villafranca, quien calificó la defensa que el ministro José Ignacio Wert hace de los colegios que separan a niños y niñas de “muestra de la deriva involucionista” de la política educativa del Gobierno.

Ayer fue Elena Valenciano, la vicesecretaria general del Partido Socialista, quien mostró su preocupación «por el acoso y derribo del Gobierno al sistema educativo español y por el retroceso enorme en medios humanos y materiales que está empeorando la educación”. Valenciano dijo de Wert que, “como si fuera un ministro del siglo pasado, aboga por elementos retrógrados, claramente discriminatorios y sexistas y está más preocupado de la “ideología” que de que los niños “puedan comer de forma saludable”.

Y hoy ha sido la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, quien ha afirmado que “el PP nos quiere llevar una vez más a la España de los años 60, a una educación diferenciada en la que las mujeres estábamos en desventaja porque se nos educaba para cumplir un papel de subordinación respecto a los hombres”, convirtiendo el asunto en una lanza feminista.

Desde el Partido Popular han recogido el guante y su secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, ha advertido que «sin libertad no lograremos un sistema educativo de calidad”. Según Moneo “el Partido Popular defiende la libertad recogida en el artículo 27 de la Constitución Española, que es la que han de tener los padres a la hora de elegir la educación, el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos”, ha proseguido.

La política popular ha recordado que «la enseñanza diferenciada constituye una opción para cientos de familias”, para añadir que «es un modelo educativo que está siendo adoptado con enorme éxito, tanto en Europa como en EEUU, precisamente porque permite, entre otros aspectos, una atención más individualizada y específica hacia los alumnos”.

Moneo acusa ahora al PSOE «de enseñar su verdadera cara cuando pretende que la libertad de elección de los padres sólo quede garantizada para aquellos que tienen recursos económicos para poder pagársela”, ha denunciado. «Porque», denuncia Moneo, «el hecho de que se limite esa opción en la educación pública discrimina a aquellas familias que, teniendo el derecho de elegir, pueden tener algunas dificultades para acceder a la educación que quieren para sus hijos”.

Respecto a las supuestas diferencias educativas entre Comunidades Autónomas que denuncia el PSOE, Sandra Moneo ha recordado que el ministro de Educación ya anunció como objetivo de su departamento, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, “garantizar una serie de derechos básicos en educación con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia”. “Precisamente esa garantía de derechos básicos viene a paliar la ruptura de la igualdad de oportunidades que el PSOE causó durante sus años de Gobierno”, ha concluido.

A esta polémica habría que añadir otra. ¿Podría el Estado o las CCAA, poseedoras de la competencia en Educación, asumir la enseñanza de los niños que ya no puedan albergar los colegios privados si se quedan sin subvenciones estatales concertadas? ¿Tiene el Estado las infraestructuras suficientes para otorgar la enseñanza tal y como le obliga el artículo 27 de la Constitución Española cuando dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación?

Es decir ¿hay en la actualidad y en plena época de recortes y de despidos suficientes colegios públicos para que el Estado garantice esa enseñanza básica y obligatoria a todos los niños españoles en edad escolar?

La Sentencia del Tribunal Supremo crea un problema de hondo calado porque ¿cuánto tiempo pueden mantenerse abiertos los colegios concertados que separan a los alumnos por sexo si se les deniega el concierto educativo?

Según datos de las consejerías de educación, están concertados más de 60 centros en España: en Cataluña (16), Andalucía (12), Madrid (8), Comunidad Valenciana (7), País Vasco (5), Galicia (5), Castilla y León (2), Navarra (2), Asturias (2) Murcia (2), La Rioja (1) y Cantabria (1).

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) se ha instado a las CCAA a que cumplan la sentencia del Supremo y retiren los conciertos con los centros privados que discriminan al alumnado por razón de sexo.

Esta confederación, que agrupa a más de 11.000 APAS de la escuela pública, confía en que la sentencia del Supremo frene el desvío de fondos públicos hacia este tipo de centros, jalonada por una fuerte campaña de empresas e instituciones religiosas a favor de la segregación y por la receptividad de algunas comunidades autónomas para concertar estos centros “si hay demanda”.

Según CEAPA, «la inmensa mayoría de los colegios que existen en España que escolarizan sólo a uno de los dos sexos en sus aulas están vinculados a la Iglesia Católica que no podríamos calificar como moderadas, sino más bien radicales».

CEAPA se opone a que el Estado financie escuelas segregadas, por considerar que éstas atentan contra los principios y valores de nuestro sistema democrático. Considera muy negativo privar a los menores del derecho a convivir y a socializarse con la otra mitad de la población.

«Financiar estas escuelas con fondos públicos es contraproducente con el intenso trabajo que desarrollan las propias administraciones y el conjunto de la sociedad, con muchos recursos, para erradicar la discriminación de la mujer y la violencia de género. Las aulas segregadas crean muros entre hombres y mujeres. Una de las causas de la violencia de género reside en la dificultad que tienen muchos hombres para identificarse y ponerse en el lugar de las mujeres, por no conocer su mundo y verse diferentes», aseguran.

Defienden desde la confederación que «está demostrado que las personas tienen diferentes capacidades, aptitudes y actitudes, pero esto no es una consecuencia directa del hecho de ser hombre o mujer, sino de la diversidad y pluralidad existentes entre todas las personas. La educación debe estar basada en el respeto a nuestros iguales, indistintamente del sexo que tengan».

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