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Según la OCDE España necesita una revolución educativa

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OCDE (Foto: uimp)

Hay que mejorar el nivel de competencias de la población y eliminar los obstáculos a la creación de empleo

No es la primera vez que ocurre pero un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que es necesario mejorar el nivel educativo de la población en España y eliminar los obstáculos que dificultan la innovación y creación de empleo.

En el Informe de Diagnóstico sobre la Estrategia de Competencias para España, la OCDE desvela que en España hay casi 10 millones de adultos escasamente cualificados. Y lo peor es que aproximadamente dos tercios de estos adultos escasamente cualificados seguirán estando en el mercado laboral dentro de 10 años y más de un tercio seguirá trabajando dentro de 20 años.

Para el director del departamento de educación y competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, es imprescindible, además, reducir la tasa de abandono escolar prematuro -que se sitúa entre las más altas de la UE- para garantizar que los jóvenes españoles pueden satisfacer las demandas del mercado laboral y lograr reducir de cara al futuro el número de adultos que sucumben ante la brecha digital y económica.

En este sentido, en España la educación superior ha experimentado una importante expansión, registrando actualmente tasas de finalización de estudios equivalentes a la media de la OCDE. En 2012, cerca del 40% de españoles de entre 25 y 34 años tenía estudios superiores frente al escaso 20% de personas entre 55 y 64 años, diferencia de 20 puntos porcentuales que se superó en tan sólo 6 países de la OCDE.

Sin embargo, son pocos los jóvenes con un título de educación superior que han adquirido el alto nivel de cualificación profesional necesario para integrarse en la economía y en la sociedad. Así, pese a haberse registrado una mejora en la preparación de los titulados superiores españoles a lo largo del tiempo, España sigue relegada a los puestos más bajos de la clasificación de países de la OCDE.

Pese a la evolución positiva registrada, el mercado laboral español sigue estando marcado por un alto índice de paro, tanto adulto como juvenil. El gran número de jóvenes que lucha por abrirse camino en el mercado laboral se enfrenta a unas condiciones particularmente difíciles.

Según Schleicher, España ha de acometer reformas más profundas tanto para incentivar la contratación y la creación de empleo como para favorecer la reinserción laboral de toda persona inactiva o en paro, ya que un gran número de trabajadores españoles tiene una vinculación contractual temporal y goza de menos oportunidades de participar en programas de formación financiados y/o patrocinados por los empleadores.

Al respecto, la OCDE advierte que «el régimen tributario español puede estar fomentando la economía sumergida«, en concreto las altas cotizaciones a la Seguridad Social y los elevados impuestos sobre la renta. Según la organización, el régimen fiscal y la rígida legislación laboral no ayudan a combatir la economía sumergida, que en 2007 representaba el 19% del PIB; en este sentido, creen que una bajada de las cotizaciones podría alentar a empleadores y empleados irregulares a poner en orden su situación.

El organismo insiste en que «una legislación estricta incrementa los costes de contratación y el despido de los trabajadores», de manera que «para minimizar esos costes los empleadores recurren con frecuencia a los contratos temporales».

En cuanto a los patrones, la OCDE advierte de que los empleadores han de hacer un uso óptimo y aplicar de forma más efectiva las competencias de sus trabajadores y empleados mediante la adopción de prácticas modernas en el puesto de trabajo encaminadas a potenciar la productividad, innovación y competitividad de las empresas.

Por su parte, el sector privado y el sistema de educación superior han de colaborar más estrechamente con el fin de aportar un mayor beneficio a los estudiantes, a la economía y, en definitiva, a la sociedad.

Sólo así, dicen en la OCDE, España podrá mejorar sus resultados en materia de competencias y garantizar un futuro más próspero e inclusivo a sus ciudadanos.

Pero a pesar de que estas recomendaciones son ya una costumbre para España, el pasado mes de agosto la presión socialista llevó al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, a retrasar la aplicación de las reválidas en la ESO y el Bachillerato.

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