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Entra en vigor la nueva Ley de Contratos del sector público

BOE

La contratación con la Administración será más ágil

Prohíbe contratar con empresas que no respeten la integración de las personas con discapacidad o la igualdad entre hombres y mujeres

Las adjudicaciones podrán primar criterios como fomentar la inserción sociolaboral, la igualdad, la conciliación, la mejora de las condiciones salariales o la estabilidad en el empleo

Este viernes entra en vigor la nueva Ley de Contratos del sector público publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de noviembre.

En un intento de mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica, la Ley favorece la competencia empresarial impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Al mismo tiempo que transponen algunas directivas comunitarias la nueva norma introduce criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación. El objetivo es usar la contratación pública para profundizar en políticas de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación.

Por este motivo, la Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

En este sentido, se incluyen requisitos de adjudicación como el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, o los criterios referidos al suministro o a la utilización, durante la ejecución del contrato, de productos basados en un comercio equitativo.

También en el ámbito de la adjudicación, en el caso de que se produzca igualdad de puntuación entre las proposiciones presentadas, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas de carácter social como, por ejemplo, que las empresas tengan en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa; o tratándose de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato.

Asimismo, la Ley establece que no podrán contratar con la Administración las personas o empresas que hayan sido condenadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia laboral o social.

Tampoco podrán contratar las empresas que, estando obligadas a hacerlo, no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad o que no cuenten con un plan de igualdad entre hombres y mujeres.

La Ley introduce mejoras en el procedimiento de adjudicación. Así, el cumplimiento del período medio de pago por parte de las empresas podrá ser requisito adicional en materia de solvencia; se podrán imponer sanciones ante incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o si se aplican condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos. En este sentido, se permite a las organizaciones sindicales interponer recurso especial cuando se sospecha que en un contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales.

Además permite también a la Administración Pública correspondiente reservar algunos contratos de servicios sociales, culturales y de salud para adjudicarlos a determinadas organizaciones del tercer sector. Así mismo, establece un porcentaje mínimo de reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción, en cuyas plantillas hay un número elevado de personas con discapacidad. Este porcentaje de reserva se concretará reglamentariamente, y, en cualquier caso, será de un mínimo del 7% a partir de 2019.

Con el objetivo de coordinar a las distintas administraciones en la puesta en marcha de esta Ley, el Consejo de Ministros del pasado día 2 aprobó la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

Por otro lado, la Ley de Contratos ya en vigor establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre la calidad y el precio, sustituyendo el anterior criterio de adjudicación, que se limitaba a valorar la oferta económicamente más ventajosa.

La entrada en vigor de la nueva Ley promueve y estimula las actividades de I+D+i; por otro lado, permite un mayor acceso de las pymes a las licitaciones públicas, con lo que se amplía la competencia y se evita que estas empresas dependan tanto de las grandes corporaciones para su desarrollo. Además, se aligeran las cargas administrativas para los licitadores, y se impulsa la utilización de los medios electrónicos, lo que repercutirá en una mayor agilidad y transparencia en los procesos.

La importancia de la ley se refleja en el hecho de que regula una actividad que alcanza un volumen en torno al 13% del PIB, afecta a miles de empresas y a millones de ciudadanos y servirá para ordenar decenas de miles de contratos cada año de todas las Administraciones Públicas del país, desde la Administración General del Estado a las Administraciones Autonómicas y Locales.

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