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En España hay 575.000 empleos irregulares que impiden el crecimiento

César Alierta

César Alierta, presidente del CEC

Las empresas reducirían el paro al 11 por ciento en 4 años combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y con un ajuste fiscal adicional de 30.000 millones de euros

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que agrupa a las 18 mayores empresas del país, presentó ayer un plan de choque para crear empleo y reducir la tasa de paro al 11% en los próximos cuatro años.

Entre las medidas que aportan las grandes compañías están la de combatir la economía sumergida y el fraude fiscal y un ajuste fiscal adicional de 30.000 millones de euros, centrado más en la reducción del gasto que en el aumento de recaudación. El plan también propone una «transformación radical» de la economía española potenciando «la productividad, la educación y la competitividad».

El informe España 2018 plantea la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, reduciendo la tasa de paro al 14,2% y hasta el 11% si se hace aflorar el empleo sumergido.

Para conseguirlo, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales y se cambien las actitudes frente al fraude para hacer aflorar 827.000 empleos sumergidos en los próximos cuatro años, lo que supondría una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

El problema está, según la institución, en los más de 300.000 trabajadores que cobran el desempleo y trabajan en negro y en los 275.000 empleos sumergidos que corresponden a la inmigración irregular, unas cifras de empleo sumergido que duplican las de Alemania, Holanda o Francia.

Por otro lado, los empresarios piden un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros, dejando recaer el esfuerzo fiscal en los impuestos indirectos en lugar de en el IRPF. También reclama luchar contra el fraude fiscal, con controles más efectivos que permitan una recaudación adicional de 20.000 millones de euros.

Además, el CEC aboga por aumentar el tamaño de las empresas españolas para que sean más productivas y competitivas y apuesten por la internacionalización. En este punto, reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la ley del mercado único, mayor flexibilidad laboral para la movilidad geográfica, agilidad en los tribunales y rebajas fiscales.

Según sus cálculos, se podría duplicar el número de empresas de más de 250 empleados, aumentar el 60% el número de empresas medianas (entre 50 y 250 trabajadores), lo que supondría generar más de 400.000 empleos. Asimismo insiste en la importancia de la formación y la mejora educativa, en la necesidad de reforzar los vínculos entre los centros educativos y la empresa y mejorar la cualificación para competir en el exterior.

Otra idea de los grandes empresarios es aumentar el tamaño medio de los municipios -lo que ahorraría más de 6.000 millones al año-, acelerar la reforma de las pensiones y un plan de privatizaciones para recaudar 35.000 millones. Paralelamente, una política energética sostenible, con medidas como la reducción de la factura eléctrica para empresas y la atracción de inversiones para actividades como el fracking para la extracción de gas, lo que haría posible crear 100.000 nuevos empleos.

Otros objetivos que debería plantearse el Gobierno, según los empresarios, son reducir la deuda por debajo del 90% del PIB y la reestructuración del sector público y la administración para reducir el gasto corriente en 17.500 millones.