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Empeoran los plazos de pago en el sector público

Pesiauto

Muchos negocios han tenido que cerrar por la falta de pago de las AAPP

Y aumentan los impagados

La morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis

En 2019 empeoraron los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y el aumento de los impagados.

Según el Informe sobre Morosidad [1] elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) -pasando de los 68 a los 70 días-, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.

Según este estudio, el año pasado el 65% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley contra la morosidad aprobada en 2004. Y el mismo porcentaje, 65%, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.

A esto hay que sumar otro dato preocupante: cuando sufren impagos, en el 86% de los casos, los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. El miedo a perder el cliente es la principal causa para no reclamar las «deudas».

Por lo que respecta a la morosidad, el ratio (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se quedó en el 3,1%, lo que supone un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2018.

En el sector privado la cosa no es muy distinta aunque mejoró algo. Aquí el plazo medio de pago del sector privado siguió en 2019 lejos de los 60 días que establece la Ley de 2010. Las empresas pagaron a 73 días, una cifra inferior en 8 días a la de 2018, lo que supuso un descenso del -9,9%.

El tipo de cliente que más tarda en pagar son las grandes empresas. Sólo el 19% de las compañías con una facturación superior a los 50 millones de euros pagan dentro del plazo legal. Pero lo más normal es que tarden en abonar las facturas más de 90 días.

Ante estos datos, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, exige que se ponga en marcha con urgencia un régimen sancionador que multe a las empresas morosas que han cobrado y no pagan. “Confiamos en que en breve empiece a tramitarse la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que quedó bloqueada en el Congreso hace tres años porque con el sistema de multas que contempla se reduciría notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales que, en conjunto, representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.