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El Supremo rechaza suspender la intervención de las cuentas de Cataluña

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras es el responsable económico del Govern

La Sala Tercera estima que «ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado»

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el acuerdo tomado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado 15 de septiembre y la orden del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre, que declararon la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad catalana este año.

La medida fue solicitada por la Generalitat de Cataluña mientras se resuelve sobre el fondo de los dos recursos que el Gobierno ha planteado en el Supremo.

En dos autos, el Supremo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat. Así, destaca que no existe riesgo de que la no suspensión provoque la pérdida de la finalidad legítima del recurso ni que vaya a causar perjuicios irreparables. «Ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado», señalan los magistrados.

Resaltan además que el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico debe ser ajustado a Derecho, «y no es ajustado a Derecho que se destinen a financiar una actividad inconstitucional -el mencionado referéndum ilegal-«, lo que refuerza la apariencia de legalidad del acuerdo ahora impugnado.

«Ni el perjuicio es irreparable -nadie lo prueba- ni se aprecia vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat», dicen los magistrados que añaden, además, que «las medidas adoptadas garantizan el interés general y de terceros al asegurar la prestación de los servicios públicos, y no se impide la reversión de la situación y la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria».

Precisamente por eso, porque «debe asegurarse la prestación de los servicios públicos y preservar la estabilidad presupuestaria», el acuerdo de las autoridades económicas del Estado debe cumplirse. Hacer otras cosa sí podría ser irreparable.

El Supremo termina señalando que al examinar la medida cautelar (sin prejuzgar el fondo del asunto planteado) no se aprecia que los acuerdos adoptados sean «desproporcionados o arbitrarios» ni que «vulneren la autonomía financiera de la Generalitat».

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