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El TS rechaza adoptar medidas cautelares contra el emérito

TS

Fachada de la sede del Supremo en Madrid

Porque el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso del ex jefe del Estado español

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite hacerlo contra quienes no tienen la condición de investigado (antes denominado imputado), como es el caso de Juan Carlos I, quien el lunes comunicó a Felipe VI que se traslada a vivir fuera de España.

En una providencia dictada este miércoles, el Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó ayer en el alto tribunal una petición urgente para que el rey Juan Carlos fuera citado a declarar de manera inmediata como investigado y activar su ‘búsqueda internacional’ en caso de que no compareciera.

La entidad que dirige Jordi Cuixart, uno de los ‘golpistas’ condenados por el 1-O en Cataluña, también había pedido que, al no conocerse el paradero del anterior jefe del Estado española, se ordenará la retirada de su pasaporte y dictar prohibición de salida de territorio nacional.

Òmnium Cultural presentó hace algo más de un mes también ante el Tribunal Supremo una querella contra Juan Carlos de Borbón por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

A raíz de la presentación de esta querella y tras conocerse que la Fiscalía suiza investiga los movimientos de una cuenta bancaria en las Bahamas, Unidas Podemos (UP) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) registraron el 6 de marzo en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación ‘sobre los negocios ilegales’ de Juan Carlos I, algo que fue rechazado por la Mesa del Parlamento gracias la suma de votos del PSOE, PP y Ciudadanos.

Entre los  delitos que los que comunistas y republicanos acusan a Juan Carlos I están los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Además de contra Juan Carlos de Borbón la querella criminal se dirigía contra la empresaria comisionista y amiga personal del ex jefe de Estado Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.

El Supremo aún no se ha pronunciado sobre este particular.

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