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El Supremo mantiene en prisión a Oriol Junqueras

Oriol Junqueras

Junqueras está acusado de delitos “gravísimos”

Los magistrados de la sala de apelaciones avalan así la decisión adoptada por el juez Llarena el pasado 4 de diciembre

El Tribunal Supremo (TS) acordó ayer mantener la prisión provisional al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ante el riesgo de reiteración delictiva.

Los magistrados concluyen que no existe “ningún dato” que lleve a creer que tiene intención de renunciar a la vía unilateral seguida hasta ahora para conseguir la independencia.

De esta manera, Miguel Colmenero (ponente), Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, encargados de revisar el recurso presentado por Junqueras, avalan la decisión adoptada el 4 de diciembre por el juez Pablo Llarena.

En cuanto a que la permanencia en prisión de Junqueras afecta a sus derechos de representación de sus votantes, como alegó la defensa del reo, los magistrados señalan que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad.

El auto dictado por la sala de apelaciones del TS y que puede leer aquí destaca que no puede hablarse de “presos políticos”, ya que nadie es perseguido por defender una idea y el sistema permite la defensa de cualquier opción, como la independencia, pero “esa posición ha de propugnarse sin cometer delito alguno”.

Según los jueces, lo que se investiga es si Junqueras lideró un plan para la declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y se alzó contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico. Un comportamiento, que, según destacan, constituye “un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de derecho”.

El auto analiza si la actuación de Junqueras, indiciariamente, puede encuadrarse en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, y concluye que sí.

Los jueces insisten en que Junqueras y el resto de los investigados formaban parte de un “plan de reparto de papeles” concebido para declarar a toda costa la independencia de Cataluña, llamando a la movilización para forzar al Estado a aceptar la situación. Ello suponía, según los magistrados asumir y aceptar “previsibles y altamente probables episodios de violencia para conseguir la finalidad propuesta”.

Al respecto, la resolución recuerda los actos de violencia de los días 20 y 21 de septiembre contra una comisión judicial en la Consejería de Economía de la Generalitat, así como el llamamiento a depositar el voto a miles de personas y abrir los colegios electorales para el referéndum ilegal del 1 de octubre pese a conocer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la obligación de impedirlo en cumplimiento de las leyes vigentes.

La Sala indica que no consta que Junqueras haya participado ejecutando personalmente actos violentos concretos, ni que diera órdenes directas en tal sentido, pero “mediante la defensa pública de la independencia unilateral y fuera de toda consideración y respeto a la ley vigente en el Estado del que Cataluña forma parte”, ha incitado a los ciudadanos a ello.

Los magistrados señalan que la apuesta por el diálogo de Junqueras “solamente se ha pretendido o planteado como referido exclusivamente a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña”. Este ofrecimiento, según los jueces, “no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado”.

La Sala concluye que “todos los elementos permiten afirmar la existencia de indicios suficientemente consistentes de la comisión de un delito de rebelión, y subsidiariamente, de una conspiración para su comisión”.

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