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El TS respalda la obligación de la Generalitat de informar sobre sus gastos

RTVE

Junqueras, conseller de Economía, tiene que cumplir la ley (rtve)

El acuerdo fue aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el pasado 21 de julio

La Generalitat ha dejado de enviar a Hacienda los informes semanales de sus gastos [1]

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de suspender el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017 [2], por el que la Generalitat tiene que informar sobre la naturaleza de sus gastos semanalmente.

La Generalitat presentó un recurso contencioso contra esta medida y solicitó su suspensión mientras se resolviese el fondo del asunto. La Sala Tercera considera que seguir aplicando el acuerdo no causa un perjuicio irreparable ni imposibilitaría ejecutar una hipotética sentencia anulatoria.

Recuerda la Sala que el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de Julio de 2017 tiene como objetivo garantizar en Cataluña los servicios públicos, en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.

Entre las medidas adicionales para cumplir la legalidad figura la obligación de la Generalitat de enviar informes sobre sus expedientes de gasto, algo que ya antes del 21 de julio la Generalitat hacía de forma mensual.

Pero las autoridades catalanas representadas en este asunto por el vicepresidente autonómico y consejo de Economía, Oriol Junqueras, pedían la suspensión del acuerdo argumentando, entre otras razones, que se trata de una decisión que pretende realizar un control político sobre los gastos del ejecutivo catalán.

Frente a este argumento, la Sala recuerda que el perjuicio que ocasionaría la ejecución del acuerdo no es irreparable, ni tampoco resultará inviable ejecutar la sentencia que se dicte sobre el fondo del asunto.

Los jueces hacen constar que la Generalitat ha cumplido de forma pacífica el acuerdo anterior y en este sentido no comparten «que una obligación adicional de información semanal que se suma a las ya existentes recogidas en el Acuerdo consentido y firme incida perjudicialmente en la Administración recurrente».