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El TS confirma la multa de 18 millones a Nuclenor por el cese de Garoña

Santa María de Garoña

Una perspectiva de la central de Garoña (Foro Nuclear)

Competencia consideró que redujo “sin autorización la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por cesar sin avisar la explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) en diciembre de 2012.

Se trata de una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico. La empresa decidió de forma unilateral el cese de la explotación de Santa María de Garoña sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

El regulador lo consideró una “reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica” e impuso la multa.

Nuclenor recurrió a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016. Más tarde, recurrió al Tribunal Supremo, que lo ha rechazado, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de “causas imprevistas” que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares.

Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta 14 días después.

“La recurrente -destacó la Audiencia- siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012 (…), con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Santa María de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012”.

El Supremo indica que la CNMC aplicó correctamente el tipo previsto en el artículo 60.a).20 de la Ley del Sector Eléctrico, con pleno respecto al artículo 129 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW y la conducta ilícita descrita en el citado artículo 60.a).20 de la Ley del Sector eléctrico de 1997”.

Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta entre otros aspectos el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

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