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El TS anula el nombramiento de otros dos altos cargos

José Manuel Rodríguez Uribes

José Manuel Rodríguez Uribes fue ministro de Cultura y Deporte entre enero de 2020 y julio de 2021. Desde octubre de 2021 es embajador delegado permanente de España en la Unesco… (Foto: Moncloa)

El año pasado anuló el nombramiento de la directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, y del director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030, Gabriel Castañares

Ahora la Justicia anula los nombramientos del director general de Deportes y del de Derechos de las Personas con Discapacidad

El Tribunal Supremo ha anulado los Reales Decretos de 5 de mayo de 2021 con los que el consejo de Ministros nombró a los directores generales de Deportes, Albert Soler Sicilia, y de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús María Martín Blanco.

Soler Sicilia fue puesto a dedo por el entonces ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y Jesús María Martín Blanco por la aún ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que ya ha visto como tres de sus ‘amigos’ no son ‘competentes’ para desempeñar las funciones del cargo.

El Supremo dice que el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez no ha justificado suficientemente los motivos para acogerse a la excepción a la regla general de que los directores generales sean funcionarios de carrera del Subgrupo A-1.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Luis Díez-Picazo, estima el recurso de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) contra las normas donde se recogían las razones para excluir a esas dos direcciones generales de la regla general de que fueran funcionarios.

Según la sentencia, ‘en ambos casos se trata de una motivación vaga y genérica. De su lectura no se desprende qué concretas actuaciones o iniciativas son las que no podrían ser realizadas por funcionarios de carrera. Los pasajes transcritos no dejan de ser manifestación de un tipo de literatura oficial que, en tono solemne, emplea muchas palabras para decir muy poco. Esta Sala, en suma, no alcanza a percibir dónde residen las especiales características o la circunstancia excepcional de la Dirección General de Deportes y de la Dirección General de Personas con Discapacidad, que es lo exigido por el artículo 66.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para justificar la excepción a la regla general’.

A ello debe añadirse, añade el Supremo, que FEDECA ha mencionado cuerpos o escalas de funcionarios del Subgrupo A1 que, por su preparación, podrían desempeñar esas Direcciones Generales, y que frente a ello, el Abogado del Estado ‘se ha limitado a aducir que esos cuerpos o escalas no tienen la suficiente formación específica en las materias concernidas’. ‘Pero esta objeción -indican los magistrados- es, de nuevo, genérica: no explica con un mínimo detalle por qué los tipos de funcionarios mencionados por la recurrente no son adecuados para ocupar esas dos Direcciones Generales’.

Tampoco acepta la Sala el otro argumento del Abogado del Estado, que consistía en que el acusado carácter administrativo o burocrático de las funciones encomendadas a esas dos Direcciones Generales no era obstáculo para que pudiesen exceptuarse de la regla general, ya que el Director General siempre tendría funcionarios de carrera especializados que le auxiliasen en ese aspecto. ‘Este razonamiento -considera el Supremo- no es convincente, fundamentalmente porque valdría para cualquier Dirección General. Además, supone admitir de modo implícito que las funciones encomendadas no tienen ninguna particularidad apreciable’.

Por todo ello, el Supremo anula los apartados del Real Decreto 311/2021 que servían de fundamento a la posibilidad de nombrar titulares de las dos direcciones generales citadas a personas que no fuesen funcionarios de carrera del subgrupo A-1, y en consecuencia los dos Reales Decretos de nombramiento de Soler y Martín Blanco, dejando claro que ‘la razón de la anulación de estos actos no es la ausencia en los nombrados de los requisitos de idoneidad generales, sino la invalidez del fundamento reglamentario en que se apoyaron’.

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