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La Justicia europea avala las multas a los organizadores del 1-O

Carles Puigdemont

La decisión del TEDH no debe haber sentado bien a Carles Puigdemont

El TEDH respalda al Tribunal Constitucional español, que, sin violar la Convención, impuso multas a los participantes en el “referéndum” sobre Cataluña

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado la reclamación de una vecina de Valls a la que el Tribunal Constitucional (TC) multó por participar en la organización del “referéndum” del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Es un detalle no menor para el “procés” independentista de Cataluña, cuyos principales cabecillas están en la cárcel o fugados a la espera de ser juzgados por los delitos de rebelión y malversación.

El TEDH mantiene que los que colaboraron en la organización del “referéndum de autodeterminación” lo hicieron contraviniendo lo ordenado por el TC que, el 7 de septiembre de 2017 declaró la nulidad de la ley de”autodeterminación” así como la ilegalidad del “referéndum”.

La demandante, Montserrat Aumatell i Arnau, fue miembro de una de las mesas electorales de Tarragona nombradas por la sindicatura electoral el 8 de septiembre. Cinco días más tarde, el 13 de septiembre de 2017, el Constitucional dictó una providencia por la que recordó a todos los “elegidos” para presidir las mesas que la Ley “del referéndum de autodeterminación” había sido suspendida.

Posteriormente, tras advertir el incumplimiento de sus providencias, el Tribunal Constitucional impuso una multa coercitiva diaria de un mínimo de 6.000 euros a todos los miembros de las sindicaturas de demarcación. El 22 de septiembre de 2017 dicha decisión fue comunicada a la demandante a través del Boletín Oficial del Estado.

La demandante, al igual que muchos de sus compañeros de Mesa, renunció a su cargo. Y el TC, habida cuenta de todas las renuncias, levantó las multas impuestas.

No contenta con eso, Montserrat Aumatell i Arnau acudió al Tribunal europeo solicitando que dictaminase que su conducta no era delito, como entendía el TC al multarla, que había sido “perseguida” por su participación en el referéndum y que merecía una indemnización. Todo ello basándose en una cuestión formal relativa a la notificación de la multa por parte del TC.

Eso es lo que ha desestimado el TEDH en su decisión de hoy en la que, por cierto, ha participado por España María Elósegui. El Tribunal declara la demanda inadmisible por considerar que está manifiestamente mal fundada.

“A la vista del procedimiento, la naturaleza del litigio y del margen de apreciación del que gozan las autoridades nacionales, el Tribunal estima que la demandante no ha sufrido ninguna vulneración de los derechos y libertades salvaguardados por el Convenio”, señala el tribunal.

En su decisión, los jueces se valen del dictamen dictado el 3 de marzo de 2017 por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) para defender el papel del Tribunal Constitucional en la causa abierta por el “procés”. “Las sentencias de los Tribunales constitucionales son definitivas y vinculantes. La primacía de la Constitución tiene como corolario que los fallos de los tribunales constitucionales deben ser respetados por todos los organismos públicos y los titulares de cargos públicos. El incumplimiento de la sentencia de un Tribunal constitucional equivale a desobedecer la Constitución, así como el poder constituyente que ha confiado al tribunal la tarea de garantizar esta primacía. Cuando un funcionario público se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes y la cooperación leal de los órganos del Estado. Por lo tanto, es legítimo adoptar medidas para ejecutar sus sentencias”. Así pues, en ausencia de normas europeas comunes, el Tribunal Constitucional de España “constituye un buen medio para alcanzar este objetivo legítimo”, dicen.

Puede leer aquí el texto íntegro de la Decisión del TEDH

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