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La Sala del ‘procés’ no decide sobre debates en la cárcel

TS

La providencia ha sido dictada con fecha de hoy, 9 de abril

Jordi Sànchez, candidato de JxCat al Congreso en las próximas elecciones generales, solicitó poder celebrar uno en Soto del Real, donde está ingresado acusado de rebelión y malversación

El Supremo no tiene competencia para decidir estos asuntos

El tribunal que juzga la causa del ‘procés’ no puede decidir sobre si los presos que están siendo juzgados por el «golpe» en Cataluña y que son candidatos a las próximas elecciones generales pueden celebrar debates en la cárcel.

La Sala que presidente Manuel Marchena ha dictado una providencia en la que contesta así a la solicitud del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que pidió poder celebrar un debate electoral en la cárcel de Soto del Real donde se encuentra ingresado. Este asunto no es de su competencia, señala el tribunal.

En la providencia, la Sala concluye que, de acuerdo a la Constitución y a la Ley General Penitenciaria, «no compete al órgano jurisdiccional velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral».

Añade que «tampoco le incumbe fijar un determinado régimen penitenciario. Lo solicitado no es un acto que afecte a una posible incomunicación judicial -que no se ha acordado por esta Sala-, ni supone una excarcelación del centro penitenciario. Todo ello sin perjuicio de la competencia atribuida a la Administración Electoral para velar por la vigencia de los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral», señalan los magistrados.

La Sala acuerda comunicar esta providencia a la Junta Electoral Central, que fue el órgano que le remitió la solicitud de autorización de Sánchez para celebrar un debate electoral en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real), donde está ingresado.

Entre los juzgados por el «golpe» en Cataluña hay cinco que son candidatos por alguna formación en las elecciones del próximo 28 de abril. Si salen elegidos la Sala presidida por Manuel Marchena tendrá que decidir si les concede permiso para recoger el acta y jurar el cargo.

Lo que ya está decidido es que si cualquiera de ellos son condenados por rebelión no podrán ejercer cargo público alguno si también son inhabilitados.Así lo ha estipulado recientemente el propio Tribunal Supremo al enjuiciar el caso del ex alcalde del Cabildo de Fuerteventura Domingo Gonzáles Arroyo.

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