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El Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas que pague los gastos del 9-N

Artur Mas

Mas, ex presidente de la Generalitat, en imagen de archivo

El organismo fiscalizador requiere al ex presidente de la Generalitat y a otros altos cargos una fianza de 5,1 millones de euros por los gastos del «referéndum» de 2014

Está previsto que este miércoles el Parlamento de Cataluña apruebe la ley del referéndum

El Tribunal de Cuentas reclamará al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a otros diez altos cargos que asuman el gasto de dinero público que usaron en 2014 para realizar la «consulta» del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional [1].

La Fiscalía cifra los gastos de este pseudo referéndum en 5,1 millones de euros.

El organismo fiscalizador los ha citado el próximo 25 de septiembre para que los «acusados» puedan ver la la documentación existente y realizar las alegaciones que estimen oportunas. Por ahora, no tendrán que prestar fianza alguna.

Primero, hay que concretar las responsabilidades contables que se han originado por la convocatoria declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Luego, una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, es cuando se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los responsables, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance.

Se tata de un procedimiento habitual que instruye el Tribunal de Cuentas cuando ha habido malversación por daño a los fondos públicos. En este caso, hay que determinar las cantidades sobre las que debe responder cada uno de los citados. De no hacerlo se les embargará sus bienes.

La investigación se abrió inicialmente contra los cuatro condenados penalmente por el 9-N [2]: Artur Mas y los entonces consejeros Francesc Homs, Irene Rigau, y Joana Ortega, y se ha ampliado a otros siete altos cargos que participaron en la autorización de los gastos.

Societat Civil Catalana, la entidad que presentó hace tres meses junto a Abogados Catalanes por la Constitución la denuncia [3] exigiendo la devolución del dinero público utilizado para el 9N, han pedido a los condenados que cumplan con la Justicia tal y como les exige el Tribunal de Cuentas.

El requerimiento se ha conocido antes de que este miércoles el Parlamento de Cataluña apruebe la ley del referéndum que autoriza al Gobierno catalán a aprobar el decreto de convocatoria de la consulta prevista para el 1 de octubre.

Junts pel Sí y la CUP, los dos grupos que han participado en la redacción de la ley, no desvelaron la forma en la que será aprobada si bien todo apunta a que lo más probable es que se modifique del orden del día del pleno para incorporar ese punto, previa reunión de la Mesa de la Cámara (Carme Forcadell la ha convocado para esta mañana) y admitir a trámite la proposición de ley.

No se descarta que también hoy se apruebe la ley de transitoriedad jurídica y que, posteriormente, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su Ejecutivo firmen el decreto de convocatoria del referéndum.

El Gobierno y el Tribunal Constitucional están preparados para actuar contra los «hechos» de la Generalitat [4]. Los ministros están avisados de la posibilidad de que ser convocados a un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o desde el Govern.

Por su parte, los magistrados del Constitucional estarán reunidos desde las diez de la mañana en un pleno extraordinario para suspender cautelarmente la ley del referéndum.

Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, garantizó ayer que el ministerio público actuará de forma «serena y siempre sometida a la norma» pero tan «firme y enérgica» como requiera la preservación de las instituciones del Estado del derecho que es, dijo, «esta patria común e indivisible de todos los españoles».

En la apertura del año judicial y en un acto solemne ante el Rey, Maza apuntó que «no caben vacilaciones» frente a «la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de derecho y de la democracia». El fiscal general aseguró que todas las fiscalías actuarán «con celeridad y coherencia» para preservar el orden constitucional.

En el mismo acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aseguró que «nadie sufrirá por cumplir» la ley, en referencia a los funcionarios y empleados públicos catalanes que se resistan a cumplir con los preparativos del referéndum. Lesmes recordó que la Constitución es la máxima expresión de la soberanía nacional, y «un conjunto de mandatos de obligado cumplimiento».

Tras rechazar las «inaceptables» voluntades unilaterales que «sólo contemplan la ruptura o la separación», el presidente del Supremo afirmó que la unidad de la nación española es un «mandato jurídico directo» de cumplimiento inexcusable» que corresponde a los jueces «garantizar junto al resto de poderes del Estado».