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El Tribunal de Cuentas rechaza el aval público a los golpistas

Pere Aragonés

Pere Aragonés, actual presidente de la Generalidad de Cataluña (ERC)

Ex altos cargos del Govern malversaron dinero público para promocionar el denominado ‘procés’ en el extranjero

La Generalidad independentista quiere abonar el dinero público malversado con más dinero público

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha acordado no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas en favor de los condenados por promocionar la independencia de Cataluña en el exterior.

La delegada afirma que estos avales por valor de 5,4 millones de euros no amparan las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, como los cometidos por los ex altos cargo del Gobierno catalán.

El pasado 30 de junio de 2021 la delegada instructora del Tribunal de Cuentas requirió el depósito o afianzamiento de 5,4 millones de euros a los separatistas condenados por promocionar, malversando dinero público, la independencia de Cataluña en el exterior.

Oriol Junqueras, Artur Más, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Martí Anglada, María Badía, Luca Bellizzi Cerri, Ewa Adela Cylwik, Ramón Font Bové,  Erick Hauck, Francesc Homs,  Marie Katinka Elisabeth Kapretz, Manuel Manonelles Tarragó, Sergi Marcén López, Andreu Mas-Colell, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Maryse Olivé Quintana, Mar Ortega Puertas, Albert Royo, Andrew Scott Davis, Jordi Solé, Josep Manuel Suárez Iborra, Rosa Vidal Planella, Jordi Vilajoana y Aleix Villatoro, presentaron 28 avales emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas contra el Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular.

Por el contrario, Adán Casals, Albert Carreras de Odriozola, Francesca Guardiola Sala y Mireia Vidal Ortí afianzaron correctamente la cantidad correspondiente y Pere Puig y Luis Bertrán ingresaron la cantidad requerida.

Con la decisión de la instructora y al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que como Junqueras, Mas, Puigdemont o Romeva han sido declaradas presuntas responsables contables y aportaron los referidos avales ‘públicos’.

Conforme a lo establecido en la ley los condenados podrán ofrecer bienes o derechos a tal fin y, teniendo en cuenta que se trata de una medida cautelar, su ratificación se efectuará en el correspondiente procedimiento jurisdiccional, siendo en esta fase jurisdiccional donde serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 721 y siguientes de la LEC, pudiendo ser modificadas, alzadas o prestar caución sustitutoria de la mismas, conforme a lo establecido en el mismo cuerpo legal.

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