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El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales

Pere Aragonés

Pere Aragonés, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, en una imagen del Govern

Y pide a la Abogacía del Estado, a la mayor brevedad posible, informe razonado y comprensivo sobre la suficiencia y legalidad de los mismos

Los acusados por promocionar en el extranjero el ‘golpe’ del 1 de octubre de 2017 con dinero público han presentado avales por valor de 5,4 millones de euros respaldados por el Instituto Catalán de Finanzas

La instructora del Tribunal de Cuentas que tramita el expediente de las fianzas impuestas a los golpistas que promocionaron el 1-O en el extranjero [1] tiene dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

La Junta de Gobierno del ICF aprobó el pasado miércoles, 21 de julio, activar un mecanismo para que la entidad financiera de la Generalitat presente, con cargo a fondos públicos, el aval en nombre de los encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promovido el denominado ‘procés’ en el extranjero.

Un día más tarde, el 22 de julio, 30 de los 34 encausados se acogieron a este ‘sistema’ y presentaron por vía telemática los avales otorgados por el ICF a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern. Dos presuntos responsables depositaron las fianzas y otros 2 presentaron bienes inmuebles como aval.

Esencialmente, lo que no tiene nada claro la instructora es si la propia Administración Autonómica perjudicada (Cataluña) por el desvío de fondos públicos puede o no amparar y asumir posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave.

En vista de esto, la instructora solicita a la Abogacía del Estado, a la mayor brevedad posible, informe razonado y comprensivo de, entre otros, los siguientes extremos:

– Si la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave, tal y como prevé la Sentencia del Tribunal Supremo de 8-7-2020 y la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28-6-2018 (casación autonómica 22/2017).

Si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los encausados que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave, únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público, en su caso.

Respecto a las fianzas y una vez terminado el plazo para depositarlas, el Tribunal emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado.

Como todo lo relacionado con el ‘golpe’ en Cataluña el aval de las fianzas por parte del ICF no está exento de polémica. El pasado 23 de julio tres miembros independientes de su Junta de Gobierno, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que el organismo aprobara activar el aval de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat.