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El TEDH considera que quemar fotos del Rey es libertad de expresión

Foto quemada

El TEDH amplía mucho la libertad de expresión

Condena a España por vulnerar la libertad de expresión de dos personas condenadas en 2007 por quemar una fotografía de los reyes de España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a dos personas que quemaron una fotografía de los Reyes en una manifestación durante la visita oficial del Rey a Girona en septiembre de 2007.

Mediante una sentencia dictada este 13 de marzo el TEDH declara que el acto cometido por Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats formaba parte de una crítica política, no personal, de la monarquía en general, y del Reino de España como nación en particular.

La condena, en este contexto, vulnera el artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Enric Stern Taulats (1988) y Jaume Roura Capellera (1977) españoles y residentes en Girona y en Banyoles, respectivamente, fueron condenados a 15 meses de prisión por insultos a la Corona pero el juez les conmutó la pena por el abono de una multa de 2.700 euros a cada uno de ellos. El 5 de diciembre de 2008 la Audiencia Nacional confirmó la sentencia. Los demandantes abonaron la multa pero interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que resolvió que eran culpables de incitación al odio y a la violencia contra el rey y contra la monarquía.

Los condenados denunciaron ante el TEDH que la sentencia suponía una injerencia injustificada en su derecho a la libertad de expresión y vulneraba su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Y según el Tribunal con sede en Estrasburgo así es: “La condena supone una injerencia en su derecho a la libertad de expresión porque, en primer lugar, el acto de los demandantes forma parte de una crítica política, no personal, de la institución monárquica en general, y del Reino de España como nación en particular”.

Entienden los jueces que el “acto escenificado” formaba parte de un debate sobre temas de interés general, como son la independencia de Cataluña, la estructura monárquica del Estado y una crítica del rey como símbolo de la nación española. Pero “no supone un ataque personal al rey de España con el fin de insultar o denigrar su persona, si no una denuncia de lo que representa el rey como Jefe y símbolo del Estado y de las fuerzas que, según los demandantes, habían ocupado Cataluña -que se enmarca en la esfera de la crítica política o de la disidencia, y se corresponde con la expresión del rechazo de la monarquía como institución-.

En contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional, que consideró que quemar y utilizar una fotografía de amplias dimensiones de los reyes colocada boca abajo desbordó la libertad de expresión hasta suponer una incitación al odio y a la violencia, el Tribunal europeo no piensa lo mismo.

Considera que los demandantes utilizaron símbolos (la imagen del rey de España) como crítica política del Estado español y de su monarquía; prendieron fuego y pusieron la fotografía boca abajo como expresión de su rechazo u oposición radical; y utilizaron ambos elementos como expresión de una crítica de naturaleza política o de cualquier otro tipo; añaden que las dimensiones de la fotografía parecen tener la intención de asegurar la visibilidad del acto en cuestión, que tuvo lugar en una plaza pública.

En este sentido, considera que “el acto de los demandantes podría enmarcarse, por tanto, entre los “actos” progresivamente “escenificados” con el fin de atraer la atención de los medios, y que básicamente utilizaron cierto nivel de provocación permitido para transmitir un mensaje crítico en el marco de la libertad de expresión”.

En tercer lugar, para los jueces del TEDH la intención de los demandantes no era incitar a nadie a cometer actos de violencia contra el rey, incluso aunque la “actuación” suponía quemar una imagen del emblema del Estado. De hecho, un acto de este tipo debería interpretarse como una expresión simbólica de desafección y protesta.

Si bien el “acto escenificado” suponía quemar una imagen, ello supone un medio de expresar una opinión en un debate sobre un tema de interés público, como lo es la institución monárquica. El Tribunal reitera en este contexto que la libertad de expresión se extiende a aquella “información” e “ideas” ofensivas, impactantes o molestas: estas son demandas de pluralismo, tolerancia y amplitud de miras, sin las que no puede existir una “sociedad democrática”.

En cuarto lugar, el Tribunal no opina que el acto recurrido pueda razonablemente interpretarse como incitación al odio o a la violencia. En este asunto, la incitación a la violencia no puede deducirse del examen conjunto de los “decorados” utilizados para escenificar el acto, o del contexto en el que se produjeron; tampoco puede establecerse sobre la base de las consecuencias del acto, que no provocó disturbios o comportamientos violentos. Además, los actos no pueden considerarse constitutivos de incitación al odio.

En quinto lugar, la condena penal impuesta a los demandantes -una pena de prisión suspendida con una multa, que debía ser cumplida en el caso de impago- supone una injerencia en la libertad de expresión, que no es proporcionada al objetivo legítimo perseguido ni necesaria en una sociedad democrática.

Por lo tanto, el Tribunal declara que ha habido una vulneración del artículo 10 del Convenio.

Por último, declara que el reconocimiento de la vulneración puede considerarse satisfacción equitativa suficiente en concepto de daños morales. Y por ello España debe indemnizar con la cantidad de 2.700 euros a cada demandante en concepto de daños materiales, y con 9.000 euros a ambos demandantes en concepto de gastos y costas.

La Sala que ha dictado la sentencia está compuesta por Helena Jäderblom (Suecia), presidenta; Branko Lubarda (Serbia); Luis López Guerra (España); Helen Keller (Suiza); Pere Pastor Vilanova (Andorra); Alena Poláčková (Eslovaquia); y Georgios A. Serghides (Chipre).

Por si es de su interes, puede leer aquí (en francés) la sentencia dictada por el TEDH

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