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El TC vuelve a pedir al Fiscal que actúe contra Torrent

Roger Torrent

Roger Torrent en una imagen del Parlament catalán

Por admitir en el Parlament una resolución que insistía en la autodeterminación

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a pedir a la Fiscalía que exija responsabilidades penales al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, al vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, al secretario primero, Eusebi Campdepadrós, y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado, por incumplir el mandato constitucional que impedía tramitar el pasado 12 de noviembre una moción en la que se insistía en ejercer el derecho de autodeterminación.

Lo hizo el pasado 28 de enero por motivos prácticamente idénticos.

En una resolución adoptada por unanimidad el Pleno del tribunal estima un escrito presentado por el Gobierno contra el acuerdo por el que la Mesa del Parlament admitió el 29 de octubre de 2019 tramitar una moción presentada por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) en la que en su apartado 1 «expresa la voluntad del Parlament de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explica que el Parlamento de Cataluña volvió en ese momento a vulnerar el orden constitucional y estatutario.

“Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, a la vista de la STC 259/2015 y de los requerimientos y advertencias contenidos en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 sobre los incidentes de ejecución promovidos respecto de las resoluciones 534/XI y 546/XII, pronunciamientos todos ellos que la Mesa conocía antes de admitir a trámite esa iniciativa parlamentaria”, dice la resolución.

En este sentido, el Pleno del Tribunal considera que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a actuar de manera inequívoca para ejercer el derecho de autodeterminación, lo que evidencia que esta cámara insiste en negarse a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y persigue continuar con el inconstitucional proceso secesionista de Cataluña.

Por todo ello, declara nulos los acuerdos adoptados ese día por el máximo órgano de la Cámara catalana y decide notificar personalmente el auto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir sus resoluciones, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.

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