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El TC suspende cautelarmente la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña

TC

Sede el TC en Madrid

La decisión se ha tomado por unanimidad de todos los magistrados tras admitir a trámite el recurso del Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes admitir a trámite los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno dirigidos contra la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” y contra la ley de la Generalitat del Código Tributario de Cataluña aprobada el pasado 1 de agosto.

En ambos casos, como consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, el Pleno ha acordado por unanimidad la suspensión de todas las disposiciones impugnadas.

El citado precepto constitucional establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Las resoluciones dictadas por el Pleno acuerdan, en relación al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, además de la suspensión cautelar, dar traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.

Acuerda notificar personalmente la presente resolución al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al secretario del Gobierno de Cataluña, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a todos los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al letrado mayor del Parlamento de Cataluña, al secretario general del Parlament, al jefe del Departamento de Publicaciones y a la técnica de coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones, todos ellos del Parlamento de Cataluña.

También, a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y a los síndicos de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, titulares y suplentes.

El Pleno advierte a todos ellos de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

En particular, de que deben abstenerse de “iniciar tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada o que promuevan o tramiten actuación y norma alguna dirigida a tal fin”.

Todo ello, “apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento”.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la Generalitat, en cuanto que aprueba determinados artículos, además de la suspensión cautelar, el Tribunal da traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.

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