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El TC no reconoce el derecho a la sanidad de los «irregulares»

José María Vergeles

José María Vergeles, consejero de Sanidad extremeño

La Junta de Extremadura acata y lamenta la sentencia del Tribunal Constitucional que impide prestar atención a personas en situación administrativa irregular

El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado este lunes a la Junta de Extremadura una sentencia en la que no reconoce el derecho a que la sanidad pública extremeña pueda ofrecer asistencia universal, incluyendo a extranjeros en situación administrativa irregular.

El Constitucional ha admitido por 7 votos frente a 5 los argumentos del Gobiernos central, que presentó recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.

La ley planteada por el gobierno de Guillermo Fernández Vara pretendía establecer, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho a la sanidad pública española para todas las personas, independientemente de su situación jurídica y administrativa.

El Ejecutivo extremeño defiende que el derecho a la salud es un derecho que conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas. Sin embargo, la mayoría del TC considera que pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben ser excluidas de las prestaciones sanitarias ofrecidas por las Comunidades Autónomas.

El Ejecutivo autonómico lamenta que la sentencia considere que ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado, «de modo que su ampliación o mejora no dependerá de la Junta de Extremadura que es la que presta el servicio, sino de poderes externos sin conexión con la realidad social de las personas», según indica el Constitucional.

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