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El TC mantiene suspendida la ley para investir a distancia a Puigdemont

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont en una imagen de la TV3

Además, rechaza suspender la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Carme Forcadell

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad mantener suspendidos los artículos 1 y 2 de la Ley que el Parlamento de Cataluña aprobó en mayo para investir a distancia a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat al estar fugado de la Justicia española acusado de rebelión.

Los partidos independentistas querían celebrar el debate de investidura de Puigdemont a través de videoconferencia pero el Constitucional suspendió la ley catalana y frustró los planes de los golpistas.

El Tribunal aborda esta cuestión ante la cercanía del cumplimiento del plazo de cinco meses al que hace referencia el artículo 161.2 de la Constitución y tras recibir las alegaciones del Gobierno autonómico, una vez levantada la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

El 161.2 de la CE dice: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses«.

El auto considera que se debe mantener la suspensión de la norma impugnada. «Los perjuicios derivados del nombramiento de un presidente de la Generalitat -a distancia- serían notables si luego fuera declarada inconstitucional». De ahí, que la «presunción de legitimidad de la norma autonómica debe mantenerse en suspenso hasta la resolución del recurso, visto el riesgo para la seguridad jurídica que entrañaba su aplicación». Por tanto, «lo que quedaría cuestionado es toda la acción de un Gobierno dirigido por un presidente cuyo proceso de investidura puede ser declarado nulo por vulnerar la Constitución», afirma el auto.

El Tribunal recuerda la trascendencia y amplitud de las funciones ejecutivas y administrativas que el artículo 152.1 de la Constitución reserva al presidente autonómico y que detallan los artículos 10 a 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2008 para el presidente de la Generalitat. Se incluyen, entre otras, «nombramientos, convocatoria de elecciones, firma de convenios, delegación de competencias, funciones representativas o establecer las directrices generales de la acción del Gobierno».

Respecto a la cuestión de celebrar sesiones no presenciales sin exigir ninguna razón específica que lo justifique y sin requerir ningún quorum mínimo, el Tribunal aplica mutatis mutandi lo apuntado respecto a la investidura no presencial del presidente de la Generalitat. «Es fácil colegir que si los actos del Gobierno fueran adoptados mediante sesiones no presenciales y luego este régimen de actuación fuera declarado inconstitucional y nulo, el conjunto de su acción política y jurídica podría quedar bajo cuestión», concluye la resolución.

Finalmente, recuerdan los magistrados que, en contraste con dicha situación y sus ineludibles consecuencias sobre el principio de seguridad jurídica, los representantes del Parlamento y el Gobierno de Cataluña no identifican qué perjuicios se irrogarían por el mantenimiento de la suspensión, como tampoco hacían en el caso de la investidura no presencial del presidente. El único argumento que esgrimen para defender el levantamiento de la suspensión de ambas normas es una genérica apelación al carácter preventivo del recurso del presidente del Gobierno, que es un «alegato de carácter sustantivo» que no tiene cabida en este incidente cautelar.

También hoy y también por unanimidad el Constitucional ha denegado la petición de suspensión de prisión provisional, comunicada y sin fianza de Carmen Forcadell, confirmada el pasado mes de mayo.

En su resolución el tribunal explica que la suspensión cautelar de las resoluciones impugnadas en amparo se configura como una medida provisional de carácter absolutamente excepcional y de aplicación restrictiva. «La doctrina constitucional ha establecido de forma constante e indubitada, en relación con la posibilidad de acordar la suspensión de decisiones judiciales donde se acuerdan medidas cautelares privativas de libertad, que (…) su suspensión equivaldría a un otorgamiento anticipado del amparo solicitado».

La defensa de la ex presidenta del Parlament catalán consideraba que las resoluciones judiciales impugnadas vulneraban su derecho al juez imparcial, el derecho a la libertad, a la defensa, a un proceso con todas las garantías y al derecho a la doble instancia penal.

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