1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

El TC impide a los políticos ‘espiar’ a los ciudadanos 

Art. 58 bis 1 LOREG

Pinche sobre la imagen para leer la parte dispositiva anulada por el Constitucional

Declara inconstitucional el artículo 58 bis. 1 de la Ley Electoral General que permite a los partidos políticos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado contrario a la Constitución Española (CE) y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que permite a los partidos políticos recabar datos personales sobre las opiniones políticas de los ciudadanos.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019, contra la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales que se aprobó en diciembre de 2018.

La primera tacha de inconstitucionalidad es que la disposición legal impugnada no especificaba el interés público esencial que fundamenta la restricción del derecho fundamental y la segunda tacha se refiere a que no se limita el tratamiento regulando pormenorizadamente dichas restricciones.

El Tribunal considera que el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales, desde una doble perspectiva. Por un lado, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona; y por otro, como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.

La sentencia, que recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma que «las garantías adecuadas deben velar porque el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención”. Por tanto, “las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales».

El Pleno concluye afirmando que «la ley no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales reclama nuestra doctrina, por lo que se re refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales».

Por tanto, se han producido tres vulneraciones del artículo 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 CE, «autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que sólo el legislador puede remediar».

En definitiva, subraya la sentencia, «la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de garantías adecuadas o las mínimas exigibles a la ley constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear».

Puede leer aquí el texto íntegro de la sentencia

Tags: , , , , , , ,