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El TC impide a la Generalitat gastar a su antojo en personal

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont no puede hacer lo que quiera

Recientemente se conoció que el Govern fichó a 20.000 funcionarios en tres meses y que acapara el 54% de los 38.000 nuevos empleos públicos creados en las Autonomías, cuadruplicando los de Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de un inciso del artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que permite aumentar el gasto de personal, «previa autorización del Gobierno», cuando la finalidad sea «la puesta en funcionamiento de nuevos servicios».

La sentencia, que estima el recurso presentado por el Gobierno, determina que dicha previsión contradice lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (LPGE), que expresamente prohíbe «cualquier gasto en materia de personal que conlleve un incremento global de la masa retributiva autorizada para 2015»; en consecuencia, vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y el principio de coordinación con la Hacienda estatal que rige la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 156.1 CE).

La sentencia recuerda, en primer lugar, la doctrina constitucional en la materia, según la cual el Estado «puede establecer medidas de contención de gasto público» incluso cuando tales medidas incidan en la autonomía presupuestaria de las Comunidades Autónomas. Esto es así porque «la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas ha de ejercerse ‘con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal’ como establece el art. 156.1 CE» y a «las competencias que atribuye al Estado el art. 149.1.13 CE», y debe acomodarse «a las ‘medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general».

Esta atribución competencial no es, en este caso, objeto de discusión, pues tanto la Generalitat de Cataluña como el Parlamento autonómico han reconocido en sus escritos de alegaciones que corresponde al Estado. El objeto del presente proceso es determinar si el inciso impugnado vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y, en concreto, sus arts. 20.Dos [«las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento (…)]» y 21.Uno [«no se procederá (…) a la incorporación de nuevo personal (…)»].

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña alegaron que cabe una interpretación conforme del inciso impugnado, pues éste podría entenderse en el sentido de que «solo permitiría la creación de nuevos servicios públicos si esto no conlleva un incremento global de la plantilla de personal del sector público catalán». Es decir, en su opinión, la norma impugnada es acorde con las limitaciones del gasto público fijadas por el Estado porque «la creación de los nuevos servicios solo es posible si previamente se ha reducido el gasto de personal en otros servicios».

El Tribunal concluye que el inciso cuestionado es contrario a las previsiones contenidas en la LPGE, según las cuales, «con carácter general, no se incrementarán las retribuciones del personal al servicio del sector público» y no podrá incorporarse «nuevo personal al sector público», salvo unas excepciones «entre las que no se encuentra –afirma la sentencia- la creación de nuevos servicios públicos» que prevé la ley impugnada. Al establecer estas limitaciones, la LPGE está «impidiendo cualquier gasto en materia de personal que conlleve un incremento global de la masa retributiva autorizada para 2015».

El Pleno rechaza también la interpretación propuesta por la Generalitat y el Parlamento autonómico porque es contraria a la propia literalidad del inciso impugnado. De hecho, la sentencia recuerda que el art. 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña prohíbe, como norma general, la ampliación de plantillas o la reestructuración de unidades orgánicas cuando conlleven un incremento global del gasto de personal. Y establece, como excepciones a esa regla, «que se trate de unidades derivadas de un traspaso de servicios» (inciso que no ha sido impugnado) o que se trate, «previa autorización del Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos» (inciso impugnado).

No cabe interpretar el inciso cuestionado como proponen la Generalitat y el Parlamento de Cataluña porque, explica la sentencia, contiene «‘una excepción a la regla general que impide ampliar la plantilla si conlleva un incremento de los gastos’». De otro modo «‘carecería de sentido la salvedad que se establece, ya que la creación de nuevos servicios que no conlleven un aumento global en los gastos de personal no se encuentra prohibida por la limitación del incremento de gastos (…)’».

Tampoco puede aceptarse, añade el Pleno, que la interpretación propuesta sea necesaria para salvaguardar las competencias que el Estatuto de Cataluña atribuye a la Generalitat en materia de organización de su propia Administración; ni sirve para interpretar la competencia del Estado para fijar medidas de contención del gasto público que limiten la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Ello es así porque el art. 34 no prohíbe cualquier expediente de ampliación de plantilla o cualquier reestructuración de unidades orgánicas, sino sólo aquellas que impliquen un aumento del gasto. Por tanto, la declaración de inconstitucionalidad del inciso recurrido no impide a la Generalitat «poner en funcionamiento nuevos servicios públicos si la instauración de esos nuevos servicios no conlleva incremento de gastos de personal».

En consecuencia, el Pleno declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso impugnado del art. 34 de la Ley de Presupuesto de la Generalitat de Cataluña.

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