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El TC avala que el Gobierno controle la deuda comercial de las AAPP

Susana Díaz

Si no te pago te controlo…

Para que los gobiernos autonómicos paguen a sus proveedores en los plazos establecidos

Las CCAA todavía necesitan la liquidez del Estado para sobrevivir

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de Andalucía contra varios artículos de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

El Tribunal dice que el mecanismo implementado por el Gobierno para retener fondos autonómicos y pagar directamente a los proveedores de las Autonomías no vulnera los principios constitucionales de autonomía política y financiera.

Los magistrados aseguran que el mecanismo impugnado (retención por el Estado de los importes que las CCAA adeudan a sus proveedores para efectuar el pago directo) cumple la norma «sobre las relaciones financieras entre el Estado y las CCAA».

La ley recurrida autoriza al Estado a constatar unilateralmente que la Comunidad Autónoma tiene una obligación de pago; a declarar, también de forma unilateral, que dicha obligación de pago no ha sido cumplida; y a retener las cantidades adeudadas con el fin de pagar directamente a los proveedores.

El gobierno de Susana Díaz alegaba que el sistema era inconstitucional porque vulnera la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Pero la sentencia explica que la retención de los importes adeudados «no impide a la Comunidad Autónoma incumplidora identificar sus políticas, ni determinar y poner en funcionamiento las medidas de reducción de gastos, de incremento de ingresos o de gestión de cobros y pagos que considere oportunas».

Lo que establece la norma impugnada es que, vencido el límite legal de tiempo para el pago de la deuda, el Estado podrá utilizar, para saldarla, parte de los recursos destinados a la financiación de la Comunidad Autónoma. El objetivo no es otro que «garantizar el cumplimiento del periodo medio de pago y, por tanto, de la sostenibilidad financiera del sistema».

El Tribunal entiende que, aunque se produce una limitación a la autonomía financiera de las CCAA, ésta no es inconstitucional «porque no les priva de la adopción de las medidas de tesorería que consideren oportunas (…)». Estaríamos, explica, ante «un límite legítimo en la autonomía financiera» porque es «adecuado» (su finalidad la estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente), «necesario» (asegura el pago a los proveedores y limita el endeudamiento de los entes autonómicos); y «proporcionado» (el mecanismo se pone en marcha sólo si la CC.AA. no toma las decisiones necesarias para efectuar el pago dentro del plazo legal).

El TC desestima también que la ley impugnada vulnere, como alegan los recurrentes, la suficiencia financiera al colocar a las CCAA en la disyuntiva de pagar a los proveedores o atender los servicios públicos fundamentales. Y ello porque, de un lado, la cuantía retenida afecta sólo a una parte de los recursos con que cuentan las Comunidades Autónomas y, de otro, porque «sanidad, educación y servicios sociales también se atienden mediante los diversos contratos que la Administración firma con sus proveedores para adquirir bienes y servicios (…)», por lo que el pago de esas deudas, «además del cumplimiento de una obligación contractual de la Administración, constituye parte esencial de la prestación de los referidos servicios públicos».

El ejecutivo andaluz también alegan que la «intromisión estatal» intensifica de forma desproporcionada e injustificada los poderes de supervisión y control por el Estado; y ello porque ya existía un fondo para la financiación de pagos a proveedores.

La sentencia aclara que el sistema de retención de fondos creado por la ley impugnada sustituye el antiguo fondo para el pago a proveedores. Existe una diferencia entre ambos mecanismos: mediante el fondo, «la ley aseguraba que los proveedores obtenían los pagos» pero no reducía el endeudamiento de los entes públicos autonómicos. Es decir, la deuda seguía existiendo y sólo cambiaba el acreedor (que pasaba a ser el Estado). Con la regulación impugnada, al tiempo que se satisface el pago a los proveedores, se reduce la deuda, pues ésta «desaparece del pasivo del ente autonómico, impidiendo así que su endeudamiento adquiera un volumen excesivo que lastre los objetivos de estabilidad presupuestaria vinculantes para todas las Administraciones públicas».

En su voto particular, la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, considera que el mecanismo de retención de fondos vulnera la autonomía financiera de las CCAA, porque éstano sólo implica la capacidad de definir las políticas de gasto sino también «la plena disponibilidad de los medios financieros que, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, le corresponden a las Comunidades Autónomas».

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