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El Constitucional avala la prisión preventiva de Romeva

Raul Romeva

El ex consejero de AAEE de la Generalidad de Cataluña durante el juicio al «golpe»

Por ser proporcionada y legítima

El Constitucional adoptó la misma decisión el pasado 15 de enero respecto a Jordi Sánchez

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por Raúl Romeva contra el auto de la Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 23 de marzo de 2018, que acordó su prisión provisional comunicada y sin fianza.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, considera que no se ha vulnerado el derecho del ex consejero de Exteriores catalán a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE) ni a la participación y representación política (art. 23 CE) porque “las resoluciones impugnadas explican que se acordó su prisión provisional porque hay indicios racionales de que intervino en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y, además, había que precaver el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva”.

Asimismo, el Tribunal explica que no puede considerarse desproporcionada la injerencia de la medida de prisión provisional en el derecho al ejercicio a cargo público representativo porque se permitió que por el Parlamento de Cataluña se habilitasen los instrumentos precisos para que los parlamentarios investigados en situación de prisión provisional pudieran delegar su voto.

En este caso, Romeva hizo uso de esta facultad y la Mesa de la Cámara por acuerdo de 26 de marzo de 2018 autorizó su delegación de voto.

La sentencia también inadmite las quejas formuladas por la defensa de Romeva relativas a las vulneraciones de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de expresión (art. 20.1 CE), del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho al juez predeterminado por la ley y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos y Fernando Valdés-Dal-Ré y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón quienes consideran que hubiera sido procedente estimar el recurso de amparo y anular las resoluciones impugnadas del Tribunal Supremo.

Consideran, entre otras razones, que el juicio de proporcionalidad requería estudiar si era posible adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con la revocación de la situación de libertad bajo fianza de que venía gozando, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al derecho de representación política del recurrente.

También era necesario valorar el hecho de que la decisión debía tomarse en un contexto en que aquellas conductas habían provocado ya la excepcional aplicación del mecanismo del artículo 155 de la Constitución Española y si era posible adoptar medidas alternativas que paliaran la restricción del ejercicio del derecho de representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal.

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