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El TC avala el art. 384 bis para suspender a Junqueras y compañía

TC

Parte dispositiva en la que se apoya el Constitucional para avalar al Supremo

Además, el vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda formulada por el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña contra su inhabilitación como eurodiputado

Pero a pesar de haber sido condenado a 13 años de prisión Oriol Junqueras se ha convertido este martes en el último de los independentistas condenados por sedición y malversación que ha salido de la cárcel

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez contra las decisiones del Tribunal Supremo que en julio de 2018 les suspendió como diputados por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Alfredo Montoya Melgar, señala que la decisión del Tribunal Supremo no vulneró el derecho fundamental de los recurrentes a la participación y representación política (art. 23 CE), porque se ha superado el control constitucional que exige una motivación expresa, suficiente y razonable sobre el alcance de la expresión empleada en la norma legal.

En efecto, “la exigencia de proporcionalidad se cumple con la configuración legal de los supuestos ante los que nace la restricción, pues en el caso de art. 384 bis de la LECrim, la limitación del ejercicio del cargo público que implica la suspensión aparece indeclinablemente unida a la concurrencia de la situación definida: procesamiento firme y prisión provisional por razón de los delitos señalados”, explica el Tribunal.

Por tanto, la consecuencia jurídica surge automáticamente por ministerio de la ley sin que los órganos llamados a aplicarla o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o modularla.

La sentencia considera que la medida de suspensión de cargo público es proporcional y legítima a la finalidad perseguida por el legislador porque responde al control constitucional externo limitado “a la comprobación de si la motivación existe, es suficiente y no incurre en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad”. De ahí, que se haya venido exigiendo también ese deber específico de motivación en relación con las limitaciones del ejercicio de cargos públicos representativos.

Junqueras ha recibido este martes otro revés judicial, aunque el segundo ha llegado desde Luxemburgo, donde el vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda que presentó para ser rehabilitado como eurodiputado.

En la sesión plenaria del 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo declaró vacante el escaño que el líder de ERC había logrado en las elecciones europeas porque había sido suspendido por la Junta Electoral Central. Junqueras interpuso un recurso ante el Tribunal europeo pidiendo la anulación del acuerdo de la Eurocámara y que se ordenara a España que le dejase en libertad inmediatamente para ejercer sus funciones como europarlamentario.

El vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de Junqueras en su totalidad. Dice la resolución que la anulación del mandato de un diputado, derivada de la aplicación de la legislación nacional, implica automáticamente la expiración del mandato del diputado de que se trate, así como la vacante del escaño de ese diputado. Sin más y a pesar de que en diciembre de 2019 el TJUE dictaminó que Oriol Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado.

A pesar de la «pulcritud» y el respaldo que están recibiendo las resoluciones dictadas por el Supremo contra los juzgados por organizar el «golpe» en Cataluña, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha salido este martes por primera vez de prisión para dar clase en la Universidad de Vic (Barcelona), después de que las autoridades penitenciarias catalanas le autorizaran a abandonar la cárcel tres veces por semana para trabajar.

Las agencias informan que Junqueras, que ingresó en prisión en noviembre de 2017 y fue condenado a 13 años de cárcel por sedición, ha salido a las 11:00 horas del centro penitenciario de Lledoners, en virtud de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite flexibilizar el segundo grado en que lo clasificó la Generalitat.

Junqueras se convierte así en el último de los condenados por el Supremo por su participación en el 1-O de 2017 que ya puede salir de la cárcel varios días a la semana tan solo cinco meses escasos después de dictarse la sentencia. Con el ex vicepresidente ya son siete de los nueve presos del ‘procés’ que disfrutan de salidas de la cárcel. Sólo faltan por alcanzar estos «permisos» los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull.

El jefe de la oposición y presidente del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha calificado la excarcelación de Junqueras como un «escándalo y una vergüenza en cualquier Estado democrático”. Carrizosa ha ido más allá al afirmar que es “el precio que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está pagando” por el apoyo de los partidos separatistas.

El dirigente naranja en Cataluña también ha explicado que el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, ha sido citado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña después de que Cs le denunciara por «haber malversado caudales públicos pagando la protección, con dinero público, del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, haciéndolo pasar por un asesor personal”.

Carrizosa ha apuntado que “no tenemos por qué pagar las fiestas ilegales nacionalistas”. “Vamos a exigir responsabilidad de cada ilegalidad que cometan, han de actuar adecuándose a la ley”, ha sentenciado.

Por otra parte, el Supremo se ha declarado competente para enjuiciar al diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Josep Nuet por desobediencia. En su auto, el tribunal rechaza que la competencia deba mantenerse en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como reclamaba Nuet (ahora aforado).

El diputado republicano está acusado de un delito continuado de desobediencia grave por haber votado como secretario tercero de la Mesa del Parlament catalán a favor de la tramitación de diversas iniciativas parlamentarias, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional para que se abstuviera de hacerlo y de los informes desfavorables de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica.

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