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El TC anula la indemnización por el cierre de «Castor»

Castor

Esquema de la planta Castor

El Ministerio de Energía anuncia que adoptará las medidas oportunas cuando analice en profundidad la sentencia

Un informe del MIT desaconseja reabrir el almacén

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el PSOE contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la «hibernación» de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas «Castor» y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) tras su renuncia a la explotación de gas.

Dicha compensación se abonaría por la nueva titular, Enagás, a cambio de obtener el derecho de cobro del sistema gasista durante 30 años.

El Tribunal considera que no se dieron las razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto-ley (art. 86.1) ni en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de la misma a Enagás Transporte ni respecto de la concesión a esta última del derecho de cobro del sistema gasista, por lo que declara inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6 y 2.2 de la norma. Por el contrario, avala la constitucionalidad de los preceptos que regulan la «hibernación» de las instalaciones y la atribución de su administración a una nueva empresa.

Según se explica en el preámbulo de la norma recurrida, con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, el Gobierno atendió «a la compleja situación técnica existente» en la instalación «Castor» tras la renuncia a la concesión presentada por la empresa titular, Escal UGS. Esa «compleja situación» tuvo lugar cuando, durante la «inyección de gas colchón» en el subsuelo, a 21 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona, se produjeron una serie de movimientos sísmicos que causaron una «notable alarma social».

Como consecuencia de ello, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó la suspensión temporal del almacenamiento de gas y los primeros informes técnicos, encargados al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España, recomendaron la realización de «estudios adicionales». Ante la imposibilidad de decidir en ese momento sobre el futuro de la instalación, el Gobierno acordó la «hibernación» de las instalaciones de almacenamiento subterráneo y encargó a Enagás Transporte la realización de los estudios necesarios así como el pago de la compensación a Escal UGS por el valor neto de su inversión. En el debate de convalidación ante el Congreso de los Diputados, el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo ofreció una argumentación similar y señaló que a cambio del abono de la compensación económica, Enagás Transporte obtuvo el «derecho de cobro del sistema gasista durante treinta años a partir del año 2016 (…)».

La norma recurrida también explica que la «hibernación» de las instalaciones, que permite mantener la explotación siempre y cuando no implique riesgo para las personas, bienes y medio ambiente, es una solución que requiere un «régimen jurídico y económico específico» sobre el que no hay precedentes legislativos.

El Tribunal examina por separado, y por este orden, los preceptos referidos a la «hibernación» de las instalaciones y a la extinción de la concesión.

En relación con los primeros, explica que existen dos circunstancias -«ausencia de una regulación general de la hibernación de instalaciones de producción o almacenamiento de energía, y diferencias entre esta figura y la suspensión provisional de actividades»- que justifican el uso de la legislación de urgencia por parte del Gobierno. La sentencia considera que, efectivamente, el decreto- ley impugnado ha sido aprobado «para hacer frente a una situación» que «por razones difíciles de prever» requería de «una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido» por la tramitación parlamentaria.

La norma, afirma el Tribunal, «pretende conjurar los riesgos que, para personas, bienes y especialmente el medio ambiente, pudiera generar la existencia de una instalación de almacenamiento de gas sita bajo las aguas del mar Mediterráneo, en especial si esta instalación quedara desatendida o se mantuviera la sola suspensión de actividades administrativamente acordada». Finalmente, señala que la ausencia de regulación de la «hibernación» no puede suplirse con decisiones administrativas, pues la cobertura de las lagunas legislativas «es una tarea que corresponde privativamente al legislador».

La sentencia –que puede leer aquí– concluye que la norma cumple en este punto la exigencia de «necesidad y urgencia» que la Constitución establece en su art. 86.1.

El segundo aspecto que examina el Tribunal es la regulación por el decreto-ley recurrido de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento «Castor» y del pago de la compensación económica a Escal UGS.

Sobre la razón que condujo a la extinción de la concesión, la sentencia argumenta que «no podía estar prevista en el ordenamiento jurídico vigente»; cuando se dictó la norma recurrida no existía ninguna ley que regulara la «hibernación», una solución que no puede confundirse ni con la paralización de la actividad ni con su suspensión provisional. La única vía para regular esta nueva modalidad era dictar, como se hizo, una norma con rango de ley. En cuanto a la urgencia y necesidad, las razones son las mismas que aconsejaron la «hibernación» de las instalaciones. En consecuencia, y en relación con este aspecto, el Tribunal también desestima el recurso.

Finalmente, la sentencia analiza los artículos referidos al pago de la compensación económica (arts. 4 a 6 y 2.2), y llega a la conclusión de que son inconstitucionales porque no cumplen las exigencias que el art. 86.1 CE impone a la legislación de urgencia. El Tribunal afirma que, si bien la cuantía de la compensación estaba fijada en las normas que otorgaron la concesión a Escal UGS, ni el decreto-ley ni el Gobierno en el debate parlamentario justificaron la necesidad de que tuviera que abonarse «en un solo pago (…) en el plazo de 35 días hábiles». En concreto, no se explica qué relación existe entre el establecimiento de ese plazo y las razones que justificaron la urgencia de la norma, esto es, «la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y medio ambiente».

Tampoco se aporta justificación de la necesidad y urgencia de reconocer a Enagás Transporte los derechos de cobro del sistema gasista por un periodo de treinta años; sobre esta cuestión, solo se apunta la conveniencia, considerada insuficiente por el Tribunal, de aprobar un único texto legal que abordara el problema de forma integral.

Conocida la sentencia el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital han anunciado que adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional.

En una primera valoración, el Ministerio de Energía estima que dicha sentencia no declara la inconstitucionalidad total del texto del Real Decreto-ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal.

En particular, afirma el departamento dirigido por Álvaro Nadal, el Tribunal Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación, por considerar que, con referencia a los preceptos anulados, no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un Real Decreto-ley.

En suma, cotinúa, no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley.

En estas circunstancias, termina el comunicado, el Ministerio de Energía insiste en que adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional.

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