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El TC admite los recursos contra la suspensión de los golpistas

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, en una imagen tonada en el Parlament

Admite el recurso interpuesto contra el auto con el que Llarena suspendió de sus funciones como diputados a Puigdemont, Junqueras y demás organizadores del 1-O

También admite el recurso de amparo presentado por el PSC contra el acuerdo del Parlament que permitió el voto delegado de los diputados suspendidos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados contra el auto dictado el 30 de julio de 2018 por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que confirmó el auto dictado por el magistrado instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, por el que suspendió de sus funciones a los diputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez.

Los recurrentes alegan posible vulneración de su derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones por sufragio universal, según establece el artículo 23.1 de la Constitución.

En su decisión, que el Tribunal ha tomado por unanimidad, aprecia que en los recurso concurren una «especial trascendencia constitucional porque plantean un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal».

Al mismo tiempo, el Constitucional ha admitido a trámite, también por unanimidad, el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista Catalán (PSC- Grupo Parlamentario Socialista y Unidos por Avanzar) contra el acuerdo aprobado por la Mesa del Parlament a primeros de octubre que permitió el voto delegado de varios diputados suspendidos de sus funciones por el Tribunal Supremo.

Los socialistas catalanes considera que, al rechazar la Mesa su petición de reconsideración, se ha podido lesionar el derecho a ejercer el cargo público en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas y conforme a lo que dispongan las leyes.

Al igual que en los dos casos anteriores, el tribunal aprecia que en el recurso concurre una «especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal», lo que, en este caso, «pudiera tener consecuencias políticas generales».

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), impulsora del recurso presentado ante el Constitucional contra la «inhabilitación» de sus líderes políticos, lo entiende como un paso previo imprescindible para poder llegar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aseguran que si el recurso es desestimado por el Tribunal Constitucional plantearán la petición de amparo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La ANC buscará allí que se aprueben medidas cautelares «por la vulneración de derechos políticos». Según sus abogados, «el hecho de que en el recurso de amparo presentado al TC hayan pedido medidas cautelares, obliga al TC a tomar un posicionamiento más rápido. Y si el TC deniega las medidas cautelares se podrá ya interponer recurso directamente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un procedimiento que se conoce como Legal Mass Action».

Afirman que si el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronuncia favorablemente «ayudará a presionar significativamente el gobierno español y al poder judicial y legitimaría al Parlamento de Cataluña si decidiera no ejecutar el polémico auto del juez Llarena de suspensión de los diputados».

Enmarcan esta acción en una estrategia global con la que la ANC denuncia «la vulneración de derechos civiles y políticos por parte de las instituciones españolas ante los organismos internacionales y refuerza la causa de la autodeterminación y la independencia de Cataluña».

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