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El TC admite la impugnación de Puigdemont a la Generalitat

TC

Hasta ahora todos los magistrados del TC están de acuerdo

El Gobierno presentó un recurso contra la designación del ex presidente catalán, fugado de la Justicia española, como candidato a la presidencia del Govern de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto en el que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite la impugnación del Gobierno de la Nación contra la investidura de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat.

Puigdemont fue propuesto para presidir el Govern catalán por el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, el pasado mes de enero. Torrent llegó a convocar la sesión plenaria en la que se debería investir al candidato de JxCat para el 30 de enero de 2018. El Gobierno recurrió esta decisión y el Constitucional la suspendió.

El Tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado que, aunque el presidente del Parlamento de Cataluña suspendiera finalmente la investidura de Puigdemont y designara un nuevo candidato, la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional.

El Tribunal ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal -dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar- quedaron objetivamente despejadas por la decisión de Torrent de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación.

Según entiende el Tribunal, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares adoptadas por el propio Tribunal Constitucional en su auto 5/2018.

Una vez descartado el carácter cautelar de la impugnación el Tribunal ha decidido admitir a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de España contra la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Asimismo, además de dar un plazo de 20 días al Parlamento de Cataluña y las demás partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen conveniente, da por invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que significa la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación.

Además, declara radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos.

El alto tribunal notificará personalmente la presente resolución al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent i Ramió y a los miembros de la Mesa: Josep Costa i Rosselló, José María Espejo-Saavedra Conesa, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez lbáñez, Joan García González y Alba Vergés i Bosch.

A todos ellos les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, deben abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las posibles responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.

Para asegurar que se cumplen sus advertencias, el Constitucional pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que haga las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.

Por último, declara que el auto, que puede leer aquí, es inmediatamente ejecutivo desde su publicación. Y recuerda que con la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno el TC cumple el paso procesal necesario para examinar el fondo del asunto, sin prejuzgarlo en este momento.

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