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El TC admite el recurso contra el estado de alarma

Santiago Abascal

Santiago Abascal esta mañana en el debate sobre la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso

También el presentado por VOX contra la inclusión de Pablo Iglesias en el CNI

VOX denuncia ante el Juzgado de Instrucción la compra por parte del INGESA de material sanitario a través de empresas de domicilio desconocido

El Tribunal Constitucional revisará la legalidad de la declaración del estado de alarma.

Así será tras haber admitido a trámite el recurso que VOX presentó contra el real decreto y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 por ‘vulnerar los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución’.

En el primer pleno no presencial de la historia del tribunal, los magistrados han acordado la admisión del recurso presentado por 50 diputados de la formación de Santiago Abascal, ‘que cumple con todos los requisitos formales’.

Además, el Constitucional ha admitido también los recursos de VOX y el Partido Popular contra el decreto usado por el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos para incluir al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En ninguno de los dos casos implica por el momento pronunciamiento sobre el fondo del asunto pero en ambos el Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.

VOX ha acudido a otras instancias judiciales para presentar una querella criminal contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF) por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.

En la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción de Madrid la formación verde denuncia que durante el estado de alarma se han celebrado una serie de contratos ‘de la forma más irregular, puesto que no se justifica la contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector. Además, sin la publicidad oportuna’.

El INGESA ha realizado 56 contratos, muchos de ellos, con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización. En total, entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros.

Además, en su escrito VOX destaca doce contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados.

Por todo ello, VOX solicita al Juzgado de Instrucción que proceda al interrogatorio de los querellados y que se identifique a las personas que han intervenido en estos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados referentes a las doce contrataciones; albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación; justificantes de los pagos; documentos de AENA que acrediten el registro de vuelos, registro de carga y mercancía, plan de vuelo de los expresados en la adjudicación COVID20 y COVID26; y que se aporten los documentos aduaneros de la carga.

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