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El Supremo rechaza el ‘último’ recurso de Junqueras

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras en una imagen tomada ayer en el Parlamento de Cataluña durante la comisión de investigación del 155

La Sala también tumba los incidentes de nulidad que los doce condenados por organizar el «procés» presentaron contra la sentencia del pasado 14 de octubre

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El tribunal del ‘procés’ ha desestimado el recurso de súplica planteado por Oriol Junqueras contra el auto con el que el pasado 9 de enero rechazó autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo o tramitar su suplicatorio a la Eurocámara.

La Sala presidida por Manuel Marchena entendió que el ex vicepresidente de la Generalitat había perdido la condición de eurodiputado por la sentencia firme dictada el 14 de octubre que le condenó a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

La Sala recuerda que en el auto de 9 de enero dio cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación al momento en que los eurodiputados adquieren la inmunidad. Pero señala que la parte recurrente sigue obviando, a la hora de valorar las consecuencias de esa decisión, que la respuesta debe darse en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial.

Ahora, explica el auto, Junqueras ya no está en prisión preventiva, sino que fue condenado por sentencia firme de 14 de octubre de 2019 a una pena de prisión de trece años y a una de inhabilitación absoluta por el mismo plazo, y esas penas se están ejecutando. Por ello, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad y ha perdido la condición de europarlamentario, y ya no goza de la inmunidad del artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea.

En consecuencia, como dijo el auto recurrido, no procede su libertad, ni procede solicitar autorización para la suspensión de una prerrogativa funcional de la que Junquera ya no es titular, en virtud de sentencia firme.

Por otra parte, Marchena ha desestimado los incidentes de nulidad que plantearon  por vulneración de derechos fundamentales los doce condenados contra la sentencia del pasado 14 de octubre. La Sala también ha rechazado el incidente de nulidad planteado por VOX como acción popular.

El tribunal reitera que en este proceso no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión. Destaca que las penas impuestas son proporcionadas a las graves comisiones delictivas de los condenados que, como autoridades autonómicas y líderes asociativos, buscaban implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional, un bloque jurídico aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas del Parlamento catalán y con la última finalidad de transitar hacia la independencia.

Más tarde, insiste en que los hechos por los que se ha dictado sentencia condenatoria fueron “algo más que una reunión de ciudadanos que con libertad expresan sus reivindicaciones ideológicas. No hemos criminalizado opiniones y protestas. Los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre buscaban implementar, en connivencia con las autoridades autonómicas y los líderes asociativos que han resultado condenados, una normativa antidemocrática e inconstitucional. Un bloque jurídico -hay que insistir en ello- aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional”.

En sus escritos las defensas alegaban que se había vulnerado el principio de legalidad por la redacción inconcreta del tipo penal de la sedición por el que han resultado condenados. La Sala rechaza este argumento y destaca que el delito de sedición define el comportamiento punible a través de términos que son comprensibles, pertenecen al lenguaje común y es un delito que se acomoda a la norma constitucional.

El tribunal, en un auto con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, también rechaza que se haya realizado una interpretación extensiva o contraria al reo del delito de sedición, como sostienen los recurrentes, y considera infundado el reproche de una distorsionadora ampliación del concepto típico de alzamiento tumultuario.

Añade que la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del comportamiento del penado. “Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como violento”. En cualquier caso, explica la Sala, “para satisfacer las exigencias del tipo penal de sedición, acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío -actuar fuera de las vías legales-, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos”.

La Sala, basándose en algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que habían solicitado la desestimación de los incidentes, asegura que tampoco es aceptable “la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes judiciales, cuya acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se integran los movilizados”.

En este sentido, indica que “el programa delictivo de los penados preveía -como se proclama en el hecho probado 3- la estrategia de utilizar a multitudes de ciudadanos para «neutralizar cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado».

En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une que se decidió actuar con desafío del ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los juzgados número 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento”.

La Sala subraya que “a esa actuación extraviada o fuera de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de «fuerza», entendiendo por tal el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se estimaron necesarias. Criterio éste que fue el único que determinó los momentos y lugares de su empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como «abierta hostilidad», descrita en el hecho probado 9, y «enfrentamientos», de que da cuenta el hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o no violencia activa”.

La Sala también desestima la alegación de que la sentencia ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, explica que las conductas fueron de la máxima gravedad al propiciar un levantamiento que dificultaba o hacía ineficaces resoluciones judiciales, implementar una normativa autonómica anticonstitucional adoptada y lograr que un referéndum ilícito se celebrara a pesar de la prohibición judicial.

“Tal fue la ostensible gravedad del ilícito cometido -destaca el auto-, que el mando jerárquicamente superior de Mossos d’Esquadra llegó a manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible detención del President que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal”.

En relación a la concreta individualización de la pena de Oriol Junqueras -13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación-, el auto recuerda que la sentencia detalló que el ex vicepresidente de la Generalitat era “la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso”, justificando así una pena más elevada que la impuesta a los ex consellers Romeva, Turull y Bassa.

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