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El Supremo ordena que los policías enviados a Cataluña el 10N voten

TS

La JEC ha sido enmendada por el Tribunal Supremo

«Porque el sufragio activo para la formación de las Cortes Generales es el nervio y el sustento de la democracia y a tal efecto deben ser establecidas las condiciones para su ejercicio» 

La Junta Electoral Central se había «desentendido» del asunto a pesar de los requerimientos realizados desde las distintas asociaciones de la Policía

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado que se articulen los mecanismos necesarios para que los agentes de la Policía Nacional destinados a Cataluña para velar por la seguridad durante la jornada del 10 de noviembre puedan ejercer su derecho al voto.

El Supremo estima así la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato de Policía JUPOL contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 6 de noviembre, que rechazó adoptar las medidas necesarias para que los miembros de la Policía Nacional destacados en Cataluña pudieran votar el próximo domingo.

La Sala indica que no le corresponde sustituir a la administración electoral en su ejercicio pero sí arbitrar criterios que tendrá que seguir la JEC para facilitar que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado destacados en Cataluña puedan ejercer su derecho al voto.

El tribunal destaca que solo podrán acogerse a este procedimiento excepcional los policías nacionales que hayan sido desplazados sin advertencia previa a partir del 31 de octubre de 2019 incluido.

Ese fue el problema, que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior dirigido en funciones por Fernando Grande Marlaska, envió sin previo aviso a cientos de policías a Cataluña para velar por la seguridad en los colegios electorales ante las amenazas de los «terroristas» de los CDR, los Comités por la Defensa de la República auspiciados por el mismísimo presidente de las Generalitat, Quim Torra, que han amenazado con boicotear los comicios.

Con las «prisas» y porque ya había vencido el plazo para votar por correo los agentes no podían ejercer su derecho constitucional. Apelaron a la JEC para que les ampliase el plazo para ejercer su voto por correo pero el organismo se lo denegó.

«No resulta posible acceder a lo solicitado puesto que la única posibilidad de que ese voto pudiese computarse exigiría una modificación del procedimiento del voto por correo, para lo cual la Junta Electoral Central carece de habilitación legal para poder llevarlo a cabo», estableció el órgano en su acuerdo 691/2019.

Ante este trastorno, el tribunal afirma que la administración electoral deberá establecer un procedimiento de solicitud de voto por correo en las Delegaciones del Gobierno en Cataluña ajustándose a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y al amparo de la previsión expresa del artículo 74 de esta ley en cada una de las provincias de la comunidad autónoma de Cataluña donde estén destacados los policías nacionales electores; el Ministerio del Interior adoptará todas las medidas necesarias para ello desplazando a todos los empleados de Correos que sean pertinentes al efecto.

«Porque el sufragio activo para la formación de las Cortes Generales es el nervio y el sustento de la democracia y a tal efecto deben ser establecidas las condiciones para este supuestos», asevera el ponente en su auto.

En tercer lugar, la Sala establece que se debe ampliar el plazo de emisión de voto por correo para los electores indicados hasta el día 10 de noviembre incluido y el plazo para su escrutinio hasta el día13 posterior. Por último, se garantizará que no haya supuestos de doble emisión de votos.

En su escrito, que puede leer aquí, los magistrados explican que en este caso concurren las circunstancias de urgencia ante la inminencia de la celebración de las elecciones generales y la petición que se formula en el escrito del sindicato policial que justifican la adopción de la medida cautelarísima. El supuesto planteado por la recurrente, añade el Supremo, es marcadamente excepcional.

Son más de 3.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, desplazados a Cataluña para el operativo electoral del 10-N, podrán finalmente ejercer su derecho al voto y por los que los secretarios generales de JUPOL, José María García y de JUCIL, Ernesto Vilariño se han mostrado “muy contentos y satisfechos”. Este último ha asegurado que era un “despropósito que se mandara a los guardias civiles y policías a garantizar los derechos de todos los ciudadanos cercenándoles los suyos propios”. Y más con la gran labor que están realizando en Cataluña «en estos días complicados”.

El Gobierno ha confirmado que está todo preparado para que los casi 37 millones de electores con derecho a voto -de ellos, 226.000 son nuevos electores- puedan expresarse «con totales garantías de normalidad» en las elecciones generales de este domingo, las decimoquintas de la democracia. El dispositivo electoral tiene un presupuesto de 136 millones; 92.000 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, autonómica y local trabajarán en la jornada electoral.

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