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El Supremo ordena repartir EPIs entre los sanitarios

Salvador Illa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa en Moncloa (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

El tribunal, además, exige al ministerio de Salvador Illa que le informe cada quince días de las acciones realizadas

A finales de marzo la Sala desestimó las intenciones de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos

La Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha negado hoy a ordenar al Ministerio de Sanidad que provea con carácter urgente a todos los centros sanitarios de las medidas de protección contra el Covid 19.

Sin embargo, el tribunal sí requiere al ministerio dirigido por Salvador Illa a que adopte todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario y que informe quincenalmente ante la propia Sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.

Ha sido a instancia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que acusó al departamento de Illa de ‘inactividad’ y de incumplir el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, al no haber suministrado a los centros hospitalarios y asistenciales batas impermeables, mascarillas fpp2, fpp3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, vulnerando el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la protección de la salud de los profesionales sanitarios.

La Sala recuerda que, en este momento no procede analizar si existe una inactividad de la Administración puesto que eso se resolverá cuando se analice el fondo del asunto, en sentencia.

Pero el tribunal sí ha considerado que el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios, así como de las personas a las que asisten, exigen otras cautelas que procede acordar.

El pasado 25 de marzo el Supremo denegó esta medida solicitada por la confederación de médicos por entender que, a pesar de la notoria insuficiencia de medios de protección, no podía adoptarla sin haber oído antes a la Administración, a la que pidió información sobre su gestión.

Tras las alegaciones del Abogado del Estado, que ha aportado documentación justificativa de la gestión realizada antes y después de la declaración del estado de alarma, y del Ministerio Fiscal, oponiéndose ambos a la medida cautelar solicitada, la Sala ha podido confirmar ‘la indicada carencia de medios de protección suficientes’.

Por eso, sin entrar en si existe o no inactividad de la Administración ni en las demás cuestiones de fondo a decidir en la sentencia, sí ha considerado que el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios, derechos vinculados a los de las personas a las que asisten, en la situación crítica actual potencialmente todos, exige otras cautelas dirigidas a tal fin.

En consecuencia, requiere al Ministerio de Sanidad la adopción de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar, efectivamente, la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios. Y, también, que informe quincenalmente a la Sala de las adoptadas. La información ha de incluir los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios, su distribución entre las Comunidades Autónomas y la que estas efectúen. Por ello, el Ministerio de Sanidad, al que corresponde la competencia y la responsabilidad, deberá recabarles los datos correspondientes.

Puede leer aquí el auto de 15 páginas dictado por el Tribunal Supremo

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