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El Supremo fija el inicio de juicio por el ‘golpe’ el próximo 12 de febrero

TS

En la sede del Tribunal Supremo en Madrid se impartirá justicia a los golpistas

El tribunal admite entre los testigos al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas

El juicio por el golpe independentista en Cataluña comenzará el próximo 12 de febrero.

Los nueve promotores del 1-O actualmente encarcelados han sido trasladados a Madrid y puestos a disposición del Tribunal Supremo que este viernes ha dictado un auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada ‘causa del Procès’.

Entre los más de 500 testigos que el Tribunal acepta figura el ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el ex delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló.

Además comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas. Entre ellos figuran los máximos responsables de los tres cuerpos en Cataluña: el jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero -acusado de rebelión en la Audiencia Nacional-, el de la Policía, Sebastián Trapote, y el de la Guardia Civil, Ángel Gozalo.

Asimismo prestarán testimonio los cuatro ex miembros de la Mesa a los que el Supremo procesó por desobediencia y que serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: Luis Guinó, Anna Simó, Lluis Corominas y Joan Josep Nouet; la ex diputada de la CUP Mireia Boya y los diputados de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y Joan Tardá.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el “testigo por sustitución”.

Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.

Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que “…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta”.

Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.

No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”. Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que “la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional”.

Tampoco ha aceptado el Tribunal la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston.

Los magistrados argumentan que “las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores -algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar “…sobre los hechos objeto de acusación”.

En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. “No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos”.

El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados: “el mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados”.

Otra de las pruebas solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados.

El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: “La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes”.

Se acepta también una amplísima prueba documental así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas.

Tras su llegada a Madrid, el ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía pide 25 años por liderar el golpe, los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, permanecerán internados en las cárceles madrileñas de Soto del Real y de Alcalá Meco todo el tiempo que dure el juicio, probablemente varios meses.

Durante el traslado de los presos desde Barcelona a Madrid un agente ha grabado un vídeo desde el interior de un furgón policial. Tras difundirse a través de las redes sociales, la Dirección General de la Guardia Civil lo ha identificado y el director general del Cuerpo, Félix Azón, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de funciones como medida cautelar.

Y mientras se producía el traslado de los golpistas presos, miembros de la ANC y de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han realizado actos vandálicos en Barcelona. Un grupo ha tratado de entrar en la sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el paseo de Gràcia y entregar una carta dirigida al presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, al que reclaman que actúe contra España por “vulneraciones de derechos” contra Cataluña, entre ellos el de autodeterminación.

También han atacado la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña en la calle Pau Claris de Barcelona, donde un grupo de radicales ha arrojado pintura a la fachada del edificio muy cerca de una manifestación convocada por los CDR para protestar por el juicio del procés.

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