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El Supremo avala la inmersión lingüística en Cataluña

José Ignacio Wert

José Ignacio Wert

Salvo los casos particulares

El Tribunal Supremo (TS) rechazó ayer que los casos enjuiciados de las familias que han pedido la escolarización en castellano de sus hijos deban extrapolarse al conjunto del sistema de inmersión lingüística de las escuelas catalanas, de manera que sólo afecte a estos casos. La sentencia ha desestimado así el recurso de casación presentado ante el Supremo de Feliciano S., padre de dos alumnos de la escuela del Carme, contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2012, que consideraba que la Generalitat debía tomar medida sólo en los casos concretos.

En el fallo, el Supremo dice que «procede dejar sin efecto el auto en cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña», tras lo que se añade que este extremo es conforme con el ordenamiento jurídico. Los periódicos destacan que se trata de la primera vez en la que se deja claro que el sistema es válido.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recalcó ayer a través de un comunicado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística avala lo recogido en la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (Lomce), al defender en ella la necesidad de garantizar la educación en ambas lenguas.

Según Educación, esta sentencia -que resuelve el recurso de casación interpuesto por un padre de familia contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de marzo de 2012- se pronuncia, en definitiva, sobre si la Generalitat de Cataluña cumplió lo ordenado por dicha sentencia.

El punto de vista del Ministerio es que el Supremo resuelve en un doble sentido. Primero, considera que la Generalitat de Cataluña no cumple con lo ordenado en la sentencia ya que la enseñanza individualizada no es suficiente. El contenido dispositivo de la sentencia «pide que se garantice la educación en ambas lenguas»; y segundo, que la sentencia origen de todo, decidió una situación individualizada y no una modificación del sistema.

Las conclusiones generales son las mismas que llevaron a introducir un artículo en la LOMCE para aclarar esta cuestión. El artículo establece que las CCAA tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular. Además que para entender que el castellano no es excluido deben ofrecer de forma razonable la opción de una enseñanza en la que aparezca también el castellano como lengua vehicular.

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