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El Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi

taxismadrid

Este servicio es de interés general (taxismadrid)

Sin embargo, anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a los vehículos de alquiler con conductor (las denominadas VTC), siempre que sean necesarias y proporcionadas.

El Supremo dice que es la forma de garantizar el equilibrio entre las VTC y el servicio de taxi, al que considera un servicio de interés general.

Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis establecido por el Gobierno, en contra de la opinión de la CNMC, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las plataformas Uber y Unauto, y anula el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan de al menos una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad. Esto, dice el tribunal, excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC.

En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

Primero la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Señala que la revisión de la legalidad del Real Decreto de 2015 no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

Los contrarios a la norma gubernamental sostenían que las limitaciones impuestas a las VTC no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias.

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que «una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda idónea y proporcionada».

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que tampoco se ha planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala, ni la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos VTC, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Por el contrario, la Sala estima el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad. Entienden los magistrados que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y carece de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto de 2015 no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, «simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización».

Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Por último califica de «afirmaciones apodícticas carentes de explicación» las que se recogen en la memoria de impacto normativa y que defienden un número mínimo de vehículos para obtener una licencia de VTC. Ni mejoran la protección de los derechos de los usuarios ni incrementa la seguridad de las transacciones financieras. Subraya el Supremo que esto no es así. «Y lo demuestra el hecho de la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencias».

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