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El sindicato UPA se financiaba ilegalmente con subvenciones europeas

Ignacio Huertas

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, en una imagen de regiondigital

La Guardia Civil desarticulada una trama dedicada a la financiación ilegal del sindicato UPA Extremadura

Entre los detenidos, se encuentra el secretario general del Sindicado UPA-UCE Extremadura y gran parte de su Comisión Ejecutiva Regional

A través de un sofisticado entramado financiero desviaban los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento dedicándolos a la actividad propia del sindicato

El sindicato lo niega todo

La Guardia Civil ha desarticulado una trama dedicada a la financiación ilegal del sindicato UPA-UCE-Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura). Los agentes llevan desde febrero detrás de los ahora detenidos. Una denuncia interpuesta por el dueño de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres) alertó al Cuerpo de que el sindicato podría estar financiándose de forma ilegal.

Las primeras investigaciones confirmaron a los agentes que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato UPA-UCE Extremadura, habían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas y empresas que están todavía bajo investigación.

Tras estudiar la normativa sobre este tipo de subvenciones, los agentes comprobaron que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario. Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil procedió a «interrogar» a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Paralelamente, analizó miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato y comprobaron la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada en la que participaban personas y empresas bajo una estructura organizada.

Igualmente, se ha podido comprobar como algunos empleados del sindicato (los «captadores») utilizaban, mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen la solicitud de la subvención, el préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado.

La mecánica era doble:

1. El dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones. Así se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80% del valor de ese asesoramiento.

2. La subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato.

De esta manera el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la empresa y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo cual permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero. Las operaciones así realizadas eran por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último.

Este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita.

El dinero obtenido fraudulentamente por el sindicato desde 2013 a 2015 es de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA – UCE Extremadura.

La investigación ha desvelado que el capital se ha utilizado para financiar el sindicato, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc; y algunas «partidas» se fueron a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines.

Este miércoles, 2 de noviembre, el juez dio orden de entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones del mismo en las localidades cacereñas de Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz. A día de hoy se continúan los registros motivados por la explotación de esta operación.

Fruto de los mismos, y de la investigación previa, se ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA–UCE Extremadura, del «captador» de afiliados al sindicato en Talayuela y del administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Y tanto los detenidos como las pruebas obtenidas están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida.

A pesar de las «pruebas» de la Guardia Civil fuentes de la organización aseguran que «no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito». UPA niega que exista un entramado financiero ilegal y explica que las ayudas puestas ahora en duda por la Benemérita llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.

UPA-UCE asegura que «no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado», ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería «con todos los justificantes» a la organización por los servicios prestados. Servicios que efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura.

Añaden desde UPA que en los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) el sindicato estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común. Por ello los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.

Por todo ello UPA rechaza las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y pide la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas. Asimismo, ha mostrado confianza en la Justicia y en que «pronto se aclarará todo». Aseguran también que «no descartan nada para limpiar el buen nombre de una organización que trabaja desde hace más de 30 años defendiendo, ayudando y prestando servicios a agricultores y ganaderos de toda España».

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