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El PSOE vuelve a hablar de la plurinacionalidad de España

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El PSOE sigue empeñado en federalizar España

“Aspiro a una cierta estabilidad con socios parlamentarios que nos permita dar una respuesta a los desafíos y amenazas que tenemos por delante”, asegura el líder de los socialistas y presidente en funciones, Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer que el programa electoral socialista para las elecciones del 10 de noviembre recogerá, en relación a la política territorial, la Declaración de Granada (2013) y la Declaración de Barcelona (2017), que recogían una reforma constitucional para ir hacia un Estado federal, así como el reconocimiento del carácter plurinacional de España.

A pesar de que el independentismo catalán se ha mostrado en su forma más violenta desde que el Tribunal Supremo dictó la sentencia contra los líderes del «golpe» con cortes de carreteras, sembrando el caos en las ciudades más importantes, sobre todo en Barcelona, e incluso impidiendo que los universitarios puedan acceder a las aulas, los socialistas, empujados por el PSC de Miquel Iceta, vuelven a contemplar «conceder» más poder a los separatistas.

Cuando en 2013 aprobaron la declaración de Granada, los socialistas, con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general, ya eran conscientes de que «el nacionalismo moderado de Cataluña» había «abandonado el terreno de la moderación» y se había «pasado al campo del secesionismo». «Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España», analizaban en el texto aprobado por su Ejecutiva en la ciudad andaluza.

Ante ello propusieron una reforma de la Constitución en sentido federal. Una reforma «en profundidad» del Estado de las Autonomías, «actualizándolo y perfeccionándolo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias».

Todas esas consecuencias podían verse frenadas por el Tribunal Constitucional, que ya había impedido en su día la reforma del Estatuto de Cataluña de 2006, que incluía, entre otras cosas, una justicia autónoma catalana. En este sentido, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero señalaba que «necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos».

Es decir, el PSOE de ZP apostaba por poner a los ciudadanos de una parte de España, los catalanes, por encima de la Constitución Española y de los derechos de todos los demás españoles en ella reconocidos.

Cuatro años después, en 2017, el POE volvió a referirse al «conflicto» entre Cataluña y España. En esta ocasión para reprochar la «frontal oposición del PP» al Estatuto de 2006 y «la sentencia que alteró lo que había votado la ciudadanía», dos cosas que «acabaron por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979».

Para superar esta situación, los socialistas, ya con Pedro Sánchez al frente, abogaron en la declaración de Barcelona «por abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que debe culminar en una profunda reforma federal que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía, y que a la vez sirva para profundizar en el carácter democrático del Estado y para garantizar su carácter social».

Entre otras propuestas de la nueva declaración socialista se encontraba la «reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial». Es decir, proponían y proponen porque lo vuelven a recuperar para la actual campaña electoral que comienza este jueves, que los catalanes tengan una justicia propia e independiente.

Ahora, cuando se ha detenido a nueve independentistas por tenencia de explosivos, cuando el Parlament de Cataluña aprueba mociones para apoyarlos e investigar la actuación de los Mossos ante los actos de «kale borroka» protagonizada por los Comités de Defensa de la República (CDR), cuando los soberanistas bloquean las fronteras y el paso a las universidades públicas como está ocurriendo estos últimos días, Sánchez aspira «a una cierta estabilidad con socios parlamentarios» que le permitan «caminar y dar una respuesta a los desafíos y amenazas que tenemos por delante”.

Pero los socios del PSOE no pueden ser ni el Partido Popular, que ha pedido sin éxito la aplicación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional; ni Ciudadanos, que ha solicitado la aplicación del artículo 155; ni VOX, que quiere que se declare el estado de emergencia y que se meta en la cárcel al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, que auspicia la violencia asegurando que ayuda a «internacionalizar» el «enfrentamiento» con el Estado y promueve mociones parlamentarias contrarias a la sentencia del Supremo.

En este punto, Pedro Sánchez sólo podrá gobernar asumiendo, como ya ha hecho, la conversión del nacionalismo catalán en terrorismo. Porque para reformar la Constitución y «contentar» al independentismo necesita el apoyo de, al menos, tres quintos del Congreso, esto es, 210 diputados…

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