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El PSOE vota a favor de permitir las injurias a España y la Religión

Alberto Garzón

Alberto Garzón, de IU, en la tribuna del Congreso

Los comunistas de Podemos quieren «proteger» la libertad de expresión sacrificando los sentimientos religiosos

El Congreso de los Diputados aprobó ayer con 180 votos a favor y 160 en contra iniciar la reforma del Código Penal para «proteger la libertad de expresión».

La iniciativa de Podemos contó con los votos favorables del PSOE, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT y Compromís. Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra.

Impulsada por Izquierda Unida (IU), la reforma tiene como objetivo derogar «los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, contra la Corona, las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas y las injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, a las autoridades de las comunidades autónomas, al Ejército y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

Según los comunistas son delitos que «chocan frontalmente con la libertad de expresión y que provienen de la dictadura, «por lo que no tienen cabida en un sistema democrático y plural».

Para los podemitas los límites a la libertad de expresión que establecen estos delitos sobrepasan las restricciones que deberían marcar las fronteras de la libertad de expresión, que deberían estar «muy medidas y justificadas, con sanciones proporcionadas, y sin que en ningún momento estas restrinjan el debate público y la libre participación política de la ciudadanía».

Unidos Podemos subraya que la jurisprudencia constitucional indica que en caso de conflicto entre la libertad de expresión y otro derecho siempre tiene que prevalecer la primera si no se ejerce con la intención de insultar o herir, si lo expresado responde a un hecho veraz de interés público o, de manera especial, si esta se ejerce desde un medio de comunicación. Los proponentes creen que, al contrario, «en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites».

En la proposición también se destacan los problemas que acarrea la indefinición de tipos penales como el de enaltecimiento del terrorismo y los delitos de odio, lo que «ha permitido su aplicación de forma errática y con variables tendencias doctrinales».

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, justificó la reforma ante «la creciente involución democrática» que supone encarcelar a alguien por «manifestarse libremente». Porque pretende, según Garzón, «homologar nuestra democracia a los estándares democráticos propios de las sociedades avanzadas y desarrolladas en materia de derechos fundamentales».

De ahí que el texto plantee una «profunda y efectiva reforma del Código Penal» que acabe con las «violaciones y censuras» que se perpetran a partir de determinados artículos supuestamente dirigidos a impedir las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a instituciones como la Corona, entre otros.

Durante su intervención Alberto Garzón denunció las «situaciones bochornosas», como los procesos judiciales o las penas de prisión impuestas por criticar a la Monarquía o a referentes de la religión católica, todo ello «pese a las sanciones impuestas a nuestro país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)». Citó ejemplos como los de los raperos Valtónyc -actualmente huido en Bélgica tras ser condenado por loar el terrorismo- o Pablo Hasél y la tuitera Cassandra para ejemplificar la «injusticia».

El máximo responsable de IU considera que en democracia «debe ser legítimo criticar a las instituciones del Estado», ya que, en la práctica, las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso «y eso es lo más normal del mundo». «Por criticar a la monarquía o por hacer chistes con un Cristo puedes acabar en prisión», increpó Garzón.

En concreto, el texto plantea la derogación de artículos del Código Penal «anacrónicos y obsoletos» como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas).

También pide derogar el artículo 504 (injurias a las instituciones del Estado, como el Gobierno) o modificar el artículo 510 -que tipifica los denominados delitos de odio- con una redacción ‘que determine con claridad cuál es la conducta punible’.

Garzón reprochó a los que critican la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo alegando que «no supone la desprotección de las víctimas» y les recordó que el artículo 578 del Código Penal nació en el año 2000 tras un pacto entre PP y PSOE y en un momento de «extrema violencia de ETA», aunque no fue hasta después de 2011, después de que la organización terrorista abandonó la violencia «cuando más se ha empleado, tanto en procesos penales, como con condenas».

En este sentido, denunció que su redacción adolece de una inaceptable «ambigüedad» que favorece que se pueda emplear de forma «irresponsable e irracional según el juez que al procesado le toque en suerte».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes, se declaró en contra de la propuesta de la Izquierda radical porque, entre otros motivos, «aún hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver». Y el popular Leopoldo Barreda criticó las «tragaderas de los socialistas» como «peaje» por el apoyo a la moción de censura. Defender los símbolos nacionales no debe ser penalizado para favorecer a los golpistas catalanes presos, aseguró Barreda, que acusó al PSOE de «estar cruzando el Rubicón» al facilitar «barra libre» contra los símbolos e instituciones y la «impunidad en las redes sociales».

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