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Gran parte de la oposición pide a Posada que retire la reforma del TC

Magdalena Valerio

Magdalena Valerio en una imagen de archivo

Denuncia que la tramitación por la vía de urgencia es un «atropello a la Democracia»

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy un escrito, dirigido al presidente del Congreso, Jesús Posada, pidiéndole que reconsidere su decisión de tramitar la proposición de ley del Partido Popular de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin esperar a la preceptiva reunión de la Mesa del Congreso, incumpliendo así el artículo 31 del Reglamento de la Cámara.

A la iniciativa se han sumado también CiU, UPyD, Izquierda Plural, PNV y tres partidos del grupo mixto -BNG, Compromís y Coalición Canaria-. Amaiur, ERC y UPN no han apoyado la «moción». Los firmantes acusan a Posada de «falta de imparcialidad» por calificar él mismo la norma en lugar de que lo hiciera la Mesa.

En respuesta, el presidente de la Cámara Baja ha remitido a los grupos de la oposición un escrito en el que defiende su potestad para calificar para su tramitación urgente la proposición del PP para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Posada recuerda que la Mesa delega sus funciones en él cuando no tiene prevista reunión ordinaria y asegura que consultó a los servicios jurídicos del Congreso, que le dieron el visto bueno para calificar la iniciativa.

A pesar de las explicaciones, la secretaria general adjunta del PSOE, Magdalena Valerio, ha denunciado el «abuso y la falta de respeto al Parlamento Español» que significa la reforma y ha asegurado que los socialistas van «a hacer todo lo posible para parar este atropello a la Democracia y al funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el poder legislativo».

«Una vez más», ha resaltado, «todos los grupos se oponen al abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular«, que utiliza además al presidente del Congreso, quien «ha decidido incumplir el Reglamento de la Cámara y ha puesto sus funciones al servicio de esta operación que quiere perpetrar el PP contra el Tribunal Constitucional, forzando para ello el funcionamiento del Parlamento», ha insistido Valerio, quien ha recordado que en el escrito se pide al presidente del Congreso que «reconsidere su decisión de calificar esta iniciativa, y que defienda de manera clara el Estado de Derecho y al Parlamento».

Para la dirigente socialista es inadmisible este «ataque a la separación poderes y al funcionamiento del Estado de Derecho». Según ha explicado, Jesús Posada se ha extralimitado en sus funciones, «puesto que la calificación de esta proposición de ley, corresponde la Mesa del Congreso, según el artículo 31 del Reglamento. «Sólo en supuestos excepcionales, la Mesa delega en el presidente  la calificación de ciertas iniciativas y el Reglamento de la Cámara especifica que estas excepciones se dan en caso de Proyectos de Ley, Tratados Internacionales y otros escritos de carácter urgente», ha argumentado.

A su juicio, no hay ninguna justificación para la «urgencia inventada por PP», más allá de su intención de debatir esta iniciativa en el próximo Pleno del Congreso –coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2016-, en trámite de urgencia y en lectura única, para poder aprobar la reforma antes de que concluya la legislatura.

Valerio ha criticado también el «electoralismo de esta iniciativa» -presentada ayer por el Grupo Parlamentario Popular y el candidato del PP a la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol– «que supone una carga de profundidad contra el Tribunal Constitucional, una institución básica de la Democracia», que «convierte al TC en un actor político», y que tiene como trasfondo las elecciones catalanas, «ayudando a hacer campaña al candidato del PP, Xavier Gª Albiol».

También ha reprochado al Gobierno que no se haya atrevido a tramitarla como Proyecto de Ley, para eludir así los preceptivos informes de los órganos consultivos del Estado que, probablemente, no hubieran sido favorables.

Finalmente, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «tenga un punto de cordura, rectifique y retire esta proposición de Ley, que tiene en contra a todos los grupos parlamentarios, a los expertos constitucionalistas y a los magistrados del TC»  y ha advertido de que si «esta tropelía se perpetra» y se acaba aprobando la reforma, el PSOE estudiará recurrirla ante el propio Tribunal Constitucional.

También el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha denunciado hoy el «desastre» que supone la reforma exprés del Tribunal Constitucional que busca imponer el Partido Popular. Lara ha avisado, además, de que la «prepotencia» con que la llevan a cabo y su objetivo final de responder a Artur Mas contribuye a «desprestigiar aún más» al Alto Tribunal al utilizarlo de forma «partidista» y como una especie de «primo de Zumosol» de Mariano Rajoy.

El máximo responsable de IU ha afirmado que con esta forma de actuar de los populares los «más satisfechos» son los independentistas porque este polémico asunto servirá como «cortina de humo» para que desde Convergència (CDC) eviten responder y aclarar su supuesta implicación en las comisiones del 3% en la adjudicación de contratos de obras públicas.

Lara ha insistido en la idea de que el partido de Rajoy, a través de su grupo parlamentario, actúa con «prepotencia» planteando esta reforma urgente «a última hora, sin consenso y despreciando a determinadas instituciones del Estado», como el Consejo de Estado.

El coordinador federal ha alertado de que el PP «echa así más leña al fuego» en el delicado tema catalán de cara a las próximas elecciones del 27S y no contribuye para nada a buscar soluciones. Y ha reprochado que presentara el texto de su reforma en el Congreso con la participación de su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, que no es diputado y que, además, «defiende los intereses de la extrema derecha del PP».

Cayo Lara ha anunciado que su grupo parlamentario prepara un recurso de reconsideración a la Mesa del Congreso junto a otras formaciones para recurrir el hecho de que el presidente del Congreso, Jesús Posada, se haya prestado a calificar rápidamente esta reforma constitucional de su partido. «Únicamente obedece a una cacicada inducida por el Comité Electoral del PP. Lamento muy seriamente que Posada se haya prestado al juego», al calificar «personalmente» la iniciativa del PP sin convocar a la Mesa de la Cámara Baja.

Pero en el Gobierno tienen claro lo que hacen y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la propuesta del PP, que servirá para «fortalecer el Estado de derecho».

Santamaría ha recalcado que lo normal en cualquier país es que las resoluciones de los tribunales se cumplan y, por tanto, es lógico que haya un pronunciamiento de ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta ha pedido «menos frentes contrarios y más aportaciones» y que los grupos que se oponen digan claramente si no les parece bien que se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional.

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