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El PSOE aprueba con el apoyo de PP y Cs el ‘decretazo digital’

Nadia Calviño

Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, defendió ayer el RDL de medidas para la seguridad pública en la administración digital

Para «impedir» la creación de la «república digital» catalana

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado con 50 votos a favor (PSOE, PP, Cs, además de Ana Oramas, de CC), 10 en contra y 8 abstenciones (las de Unidas Podemos) el llamado «155 digital».

En la que ha sido la segunda reunión de este órgano que vela por los poderes de la Cámara fuera de los períodos ordinarios de sesiones desde su disolución, se ha convalidado el decreto ley contra la «república digital» que la Generalitat de Cataluña intenta crear para «identificar» a los ciudadanos catalanes y que éstos puedan realizar trámites con la Administración a través de internet: el «infocat».

Por supuesto, han votado en contra de la convalidación del Real Decreto-Ley 14/2019 de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Cataluña (JxCAT), los nacionalistas vascos del PNV, los proetarras de EH Bildu y los representantes de Compromís.

La norma aprobada, que puede leer aquí, permite al Gobierno intervenir en todos los niveles de la infraestructura digital de una comunidad autónoma si se ven amenazados la «seguridad nacional» o el «orden público».

Lo que algunos consideran «un auténtico ataque a las libertades pues da luz verde al Ejecutivo para cerrar páginas web, realizar cortes del servicio y limitar la capacidad de las administraciones de elegir los sistemas de identificación ciudadana», está avalado por la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2015 que describe los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual.

En el preámbulo del RD se dice expresamente que «los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación».

A partir de ahora y para proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública la Administración General del Estado tendrá que autorizar todos los sistemas de identificación electrónica expedidos por otras entidades públicas o privadas».

Además, obliga a que los sistemas que cada Comunidad Autónoma cree para almacenar certificados y sellos electrónicos se encuentren situados en territorio de la Unión Europea y en territorio español en caso de que se trate de datos personales de personas físicas. Porque, «salvo las excepciones fijadas por la ley, estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier caso, se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes».

Los detractores de la normativa también critican estos cambios legislativos porque fueron aprobados por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez una semana antes de convocar elecciones y por la vía de urgencia, lo que ha impedido su debate en el Congreso de los Diputados. Sánchez dijo en su día que uno de los objetivos de esta norma era evitar la llamada República Digital Catalana. «No habrá independencia offline ni online», comentó.

En otro orden de cosas, el Congreso también convalidó ayer el decreto ley que amplía a 600 millones la transferencia del Estado a la Seguridad Social para garantizar su equilibrio presupuestario.

Tras reducir a 2.900 millones de euros la cantidad que el Ejecutivo sacará del Fondo de Reserva para pagar la extra de Navidad de las pensiones -en diciembre la Seguridad Social gasta más de 19.000 millones de euros- la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, anunció que a finales de año la denominada hucha de las pensiones tendrá únicamente 2.150 millones de euros.

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