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El PSOE continúa defendiendo la inocencia de Chaves y Griñán

PSOE-A

Así es el PSOE…

A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pide para el anterior ex presidente de la Junta de Andalucía una pena de seis años de prisión por el caso de los ERE fraudulentos y 10 años de inhabilitación especial para José Manuel Chaves

Pase lo que pase y pese lo que pese sobre los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el PSOE siempre estará de su lado.

El mismo día que se ha conocido el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide para el anterior ex presidente de la Junta de Andalucía -Griñán- una pena de seis años de prisión por el caso de los ERE fraudulentos y 10 años de inhabilitación especial para José Manuel Chaves, grandes figuras socialistas como Emiliano García-Page y Ximo Puig, entre otros, han salido a defender «la honestidad» de ambos. No es la primera vez.

Y desde Andalucía, «patria» de los procesados por los ERE falsos, el Comité regional del PSOE-A de Susana Díaz han publicado un comunicado en el que dicen confiar en la inocencia de ambos ex presidentes, aseguran que ni Chaves ni Griñán se han enriquecido personalmente en el ejercicio de sus responsabilidades públicas y añaden que «en su día actuaron con generosidad asumiendo su responsabilidad política», al dimitir.

Poco importa que el fiscal en su escrito detalle cómo los gobiernos autonómicos andaluces de Chaves y Griñán desviaron año tras año fondos públicos destinados a «salvar» empresas en crisis a conceder arbitrariamente y sin control subvenciones millonarias a empresas y trabajadores «amigos». Y sin concurso público ni fiscalización alguna. Y por valor de, al menos, 855 millones de euros, aunque los cálculos de las piezas separadas de la causa elevan el «fraude» por encima de los 2.000 millones de euros.

El fiscal narra cómo, para dar respuesta a la difícil situación económica de empresas con centros de actividad en Andalucía, el gobierno regional «montó» un sistema de ayudas para financiar con fondos públicos las «nóminas» de los trabajadores de dichas empresas para asegurarles ingresos hasta llegar a la jubilación.

Para poder evitar el control fiscal de dichas ayudas y «mangonearlas» a discreción, los fondos públicos se transferían al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), instrumento mediante el cual la Consejería de Empleo «beneficiaba» sólo a las empresas que quería. El IFA, a diferencia de la Consejería de Empleo, no está sujetó a fiscalización previa o crítica. Y ahí está el «truco». No había que acreditar ningún extremo en relación a lo que pagase el IFA con esos fondos. De esta manera, el IFA no registraba ese dinero en la cuenta de resultados.

Así, por ejemplo, el 28 de julio del año 2000 se transfirieron al IFA 5 millones de euros que finalmente se destinaron a pagar las ayudas sociolaborales a la empresa Jerez Industrial; y el 7 de mayo de 2001 Magdalena Álvarez aprobó una partida de 3 millones de euros para la prejubilación de trabajadores de Santana Motor SA; partida que se vio incrementada el 29 de mayo de 2001 en 33.494.404 euros; y en otros 38 millones el 5 de diciembre de 2001. Y así sucesivamente.

Y como resultado, los encausados consiguieron que las denominadas ayudas sociolaborales para el pago de primas de pólizas de rentas para ex trabajadores de empresas en crisis y las ayudas a empresas en crisis no pasasen la preceptiva fiscalización de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo.

El fiscal anticorrupción detalla que, al no haberse regulado -como era obligatorio- una convocatoria de las ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como era exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, un gran número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial se vieron privados de su derecho a acceder a estas ayudas.

Además, al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación sobre los beneficiarios de las pólizas, personas a las que nunca les habría correspondido percibieron rentas de la Consejería de Empleo. El «mecanismo» era tan perverso que incluso ha permitido que un buen número de beneficiarios de las ayudas siguiese percibiendo las rentas aún habiéndose incorporado al mercado laboral.

En total y por los perjuicios causados entre los años 2000 y 2010, algunos encausados, entre los que sí se encuentra José Antonio Griñán, tendrán que restituir a la Hacienda andaluza un total de 737 millones de euros.

Tal ha sido el agujero que cavaron en torno a las ayudas públicas, que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de seis años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años para José Antonio Griñán por el delito continuado de malversación y otros diez más por incurrir en una supuesta prevaricación continuada.

Y para Manuel Chaves, en la medida que sólo está imputado por un delito continuado de prevaricación, se pide una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años. Según la acusación pública, Chaves, presidente autonómico durante 19 años, impulsó el sistema, mientras que Griñán, su consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, lo mantuvo, y como responsable del área, hizo caso omiso a las alertas de la Intervención General avisando de irregularidades.

Pero no todo acaba en los máximos dirigentes de la Junta de Andalucía desde 1990 a 2013. También están procesados seis ex consejeros -José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez- y otros 18 ex altos cargos, entres los que hay dos ex viceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA, la sucesora del IFA en el “chanchullo”. En total, hay 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía a los que se imputa un delito continuado de prevaricación o malversación continuada.

Pero todo esto no importa al PSOE. Y menos al de Andalucía liderado por Susana Díaz. La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha expresado su confianza en la «inocencia» de los ex presidentes andaluces Chaves -entre los años 1990 y 2009- y Griñán -2009 a 2013-, al mismo tiempo que ha manifestado su «sorpresa» por la fecha elegida por la Fiscalía Anticorrupción para presentar su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ya que tenía de plazo hasta el 15 de octubre. No están acostumbrados a hacer las cosas dentro de los plazos previstos.

Y eso que algunos cálculos desvelan que el caso de los ERE falsos de Andalucía se disputa con el «caso Malaya» el «honor» de ser el segundo mayor caso de corrupción de la historia de España, con unos 2.400 millones de euros «birlados» a las arcas públicas. Sólo es superado por la corrupción histórica de la familia de Jordi Pujol en Cataluña, que habría supuesto un menoscabo para las arcas públicas 3.000 millones de euros desviados a paraísos fiscales.

Y eso que Andalucía ocupa los primeros lugares de las peores estadísticas

Y eso que la andaluza es la región con más ayuntamientos en quiebra

Puede leer aquí el escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción

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