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¿El proceso independentista de Artur Mas vale 759 millones?

Ximo Puig

Ximo Puig puede haber dado en el clavo…

El presidente de la Comunidad valenciana, Ximo Puig, planteó ayer la posibilidad de recuperar el Estatuto catalán en su versión previa a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Además, abogó por «convocar la comisión bilateral Estado-Generalitat«, que ha estado, en su opinión, «abandonada a su suerte».

La referencia a dicha comisión bilateral no tendría importancia si no fuese por algo que ocurrió cuando cambió el Gobierno de España.

Antes de la llegada a La Moncloa de Mariano Rajoy y en una de las reuniones de esa comisión bilateral celebrada en julio de 2011, el Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, acordó con el Ejecutivo autonómico el traspaso de 759 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, a cuenta del «déficit autonómico» que sufría la región.

Con el cambio de Gobierno y como no llegaba la «partida presupuestaria» y, además, la posibilidad de un pacto fiscal ah hoc para Cataluña se había desvanecido-, el consejero de Economía catalán requirió en enero de 2014 el traspaso de los fondos pendientes de liquidación del ejercicio presupuestario de 2008. Y lo hacía en aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero el Ministerio de Hacienda denegó el traspaso de los fondos pendientes.

La Generalitat de Catalunya presentó entonces un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, solicitando la nulidad de la decisión de Hacienda porque «vulnera el principio de lealtad institucional» y porque la devolución de la deuda había sido acordada en julio de 2011 en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo entiende, en contra de lo que sostiene la Generalitat catalana, que dicha comisión no tiene competencia para tomar ese tipo de determinaciones.

En este sentido afirma que «no tiene capacidad para adoptar acuerdos vinculantes en el sentido que pretende la Generalitat». La sentencia indica que «su actividad se limita a una facultad de acción política que sólo compromete en el ámbito político que le es propio y al que necesariamente se contrae».

Por otra parte, la Sección Séptima señala que el acuerdo de 19 de julio de 2011 se limita a constatar que las partes están de acuerdo en cifrar el déficit en 759 millones de euros y en diferir a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros y a la Comisión Bilateral de Infraestructuras su desarrollo y su concreción.

La sentencia entiende que el órgano competente para adoptar los acuerdos de la aplicación de la Disposición Adicional Tercera es la Comisión Mixta de Infraestructuras y no la Bilateral Generalitat-Estado, que no puede adoptar acuerdos que comprometan más allá del plano estrictamente político. La competencia de ésta última se centra en la elaboración de la metodología para determinar el déficit y su cálculo, pero no su aprobación, según la Sala.

Por último, concluye que de dicho acuerdo no se deriva la existencia de una deuda «líquida, vencida y exigible».

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