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El precio de los alquileres se intervendrá a partir de 2024

Raquel Sánchez

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ayer en Moncloa (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

La nueva Ley de Vivienda empezará a afectar a los propietarios 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, que se prevé para el segundo trimestre de 2022

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que permitirá a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler a los propietarios de más de diez viviendas en zonas tensionadas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dijo que el texto ‘ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, no atenta contra la propiedad privada y no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de ‘considerar atractivo nuestro país’.

El Gobierno PSOE-Podemos pretende enviar el anteproyecto al Congreso antes de que termine el año. Tras los trámites preceptivos Raquel Sánchez cree que la aprobación definitiva de la ley podría llegar en el segundo semestre de 2022, como está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Sánchez subrayó que era ‘urgente combatir las subidas abusivas de precios’ de los alquileres y ‘operar en un mercado que estaba descontrolado para revertir un sistema que dejaba desprotegidos a los más vulnerables’. ‘Asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias’, proclamó la ministra.

En cuanto a la regulación de los alquileres, que empezaría a afectar a los grandes tenedores 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -solo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada.

No obstante, el propietario podrá subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10% si en los dos años anteriores la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.

Para incentivar a los pequeños propietarios en las zonas tensionadas, el texto establece una reducción en el IRPF del 90% del rendimiento neto si rebajan un 5% el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato.

La reducción general será del 50% y llegará al 60% en caso de viviendas rehabilitadas en los dos años anteriores y del 70% para el contribuyente que alquile por primera vez su vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Las comunidades autónomas podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años tras constatar que en esa zona la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar y que en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad.

El límite a los grandes tenedores se fija en función de un sistema de índices de precios de referencia que la ministra ha dicho que ‘hay que hacerlo bien, desde el rigor y el análisis de cada territorio’, para lo cual se fija un plazo ‘máximo’ de 18 meses.

Para penalizar las viviendas vacías, el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50 % en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150 % si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.

Algunas causas justificadas para tener una vivienda vacía son la de traslado por motivos laborales o de formación, cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social, inmuebles destinados a segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada o aquellos en obras o inmersos en algún litigio.

Se exceptúan también los inmuebles en venta (un año máximo) o en alquiler (con un máximo de seis meses), en condiciones de mercado.

En cuanto a la suspensión de los desahucios, la principal novedad es que serán los juzgados los que de oficio paralicen los lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica.

Para incrementar el parque de vivienda social, el texto prevé la reserva para vivienda pública del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler, y del 10% en las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

El texto crea, junto a la vivienda protegida, la figura de la ‘vivienda asequible incentivada’, aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos.

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