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El PP lleva al TC el acatamiento de los independentistas

Meritxell Batet

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocó el pasado 2 de julio el debate de investidura de Pedro Sánchez

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la Mesa (PSOE y Podemos) han validado las fórmulas de acatamiento de la Constitución de los diputados soberanistas, que utilizaron expresiones sobre la «República catalana», «presos políticos» o el «mandato del 1 de octubre»

Los populares consideran que se ha vulnerado la doctrina del Alto Tribunal

El Partido Popular presentó ayer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (y luego de la Mesa dominada por la mayoría de PSOE y Podemos) de dar por válidas las fórmulas con las que los diputados independentistas acataron la Constitución Española durante la sesión constitutiva del Congreso, el pasado 21 de mayo.

Oriol Junqueras, por ejemplo, «prometió» la Constitución «desde el compromiso republicano y como preso político, y por imperativo legal».

Los populares fundamentan su recurso «en el desbordamiento de varios diputados soberanistas del requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución», que a su juicio, vulnera la propia doctrina del Alto Tribunal, que tan sólo ha avalado expresamente el uso de la fórmula «por imperativo legal» y que advierte que otras dejan de cumplir con los requisitos establecidos si se acompañan de «cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocado para ello».

El recurso de los diputados, encabezado por el portavoz y la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro e Isabel Borrego, incide en que, en ese sentido son particularmente expresivas las fórmulas utilizadas por algunos diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y de Junts per Cat (JxCat) que aluden a la «república catalana», a «presos políticos» y al «mandato del 1 de octubre».

Este fue el caso de Jordi Turull, quien , «como preso político y con lealtad al mandato del 1-O y con el pueblo de Cataluña, por imperativo legal» prometió cumplir la Constitución Española.

En opinión del Partido Popular, las mismas son dudosamente compatibles con la propia Constitución española que se dice acatar y que en el mismo acto se rechaza.

Es significativo, además, según recogen las actas taquigráficas oficiales, que varios parlamentarios dijeron que su acatamiento era desde la lealtad al mandato del 1 de octubre, que fue un referéndum ilegal, lo que choca frontalmente con el orden constitucional.

En definitiva, se considera que todos los diputados tienen la obligación de acatar correctamente la Constitución para adquirir la condición plena de diputado, mientras que algunos utilizaron fórmulas que vaciaron claramente de contenido dicho acatamiento, debiendo haber sido apreciada dicha circunstancia por la presidencia del Congreso, Meritxell Batet.

A juicio del PP, el de acatamiento es un acto cargado de simbolismo porque significa que, frente al deber general que tienen todos los españoles de someterse a la ley como regla básica de la democracia, los cargos electos tienen un plus, un deber especial de someterse a ley y cumplirla.

Pero los citados diputados, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución para proferir expresiones o lanzar proclamas en favor del desafío secesionista y contra la soberanía nacional, y para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido.

Para el Partido Popular, eso va en contra de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «que dice que el sometimiento a la ley debe ser pleno e incondicionado, debe ser claro e inequívoco», algo que -insisten- los firmantes del recurso de amparo no se produjo en algunos casos.

En definitiva, el PP presenta el recurso porque «no puede pasar por alto y no va a permitir que se falte al respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma».

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